Hasta aquí hemos llegado: las redes sociales dejarán de ser un caladero para quienes las utilicen para sembrar minas digitales en ellas. Así será si el código de conducta aprobado por la Comisión Europea (CE) y las grandes empresas de internet como Google, Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft consiguen efectos prácticos a la hora de poner freno a la incitación al odio en la red. Para que las intenciones no se queden en papel mojado hay compromisos de acción directa como la retirada de ese contenido tóxico en 24 horas. Como era de esperar, a las asociaciones de internautas la medida les huele a cuerno quemado y acusan a la CE de hacer dejación de funciones otorgando un poder excesivo a los gigantes tecnológicos en materia de libertad de expresión.
El debate está servido. ¿Es razonable que las compañías (que en algunos casos ya tienen una estrictas reglas de "convivencia" pensadas para extirpar cualquier brote de propaganda violenta o pornográfica) puedan decidir por sí mismas qué mensajes de los notificados por los usuarios estimulan o generan odio? ¿No basta con las leyes ya existentes en cada país para atajar esas manifestaciones indeseables?
El protocolo no puede ser más simple: las empresas examinarán las denuncias que les lleguen y quitarán de la circulación o bloquearán los contenidos en un plazo máximo de un día. El origen de esta inesperada y urgente alianza entre Bruselas y las empresas es evidente: las recientes masacres terroristas en ciudades europeas. El baño de sangre en suelo francés y belga dejó bien claro que las redes sociales son un arma más del arsenal terrorista, y que son utilizadas para que el fanatismo se extienda entre los más jóvenes y también para que los propagadores de racismo y xenofobia encuentren un terreno fértil para sus mensajes amartillados. La CE intenta explicar el acuerdo en términos de autodefensa y protección común, esto es que, la red no sea invadida por los intolerantes y los violentos sino que pueda mantenerse como un espacio de expresión libre y democrática donde los valores y las normas de Europa no sufran daño. Eso sí, la CE puntualiza que para dar validez a una notificación deberá ser "suficientemente precisa" y estar "debidamente" fundamentada. Algo que a las asociaciones de internautas les parece muy poco preciso y fundamentado.
¿Y qué dicen en las empresas? Google, por ejemplo, saca pecho y asegura que tiene las herramientas necesarias para llevar a cabo ese control casi instantáneo. En Twitter distinguen entre libertad de expresión y conductas que incitan a la violencia y al odio, mientras que Facebook anima a sus usuarios a convertirse en informantes y usar sus instrumentos de notificación cuando se topen con un contenido sospechoso de vulnerar. Desde Microsoft se empieza valorando "el civismo y la libertad de expresión" antes de apelar a sus condiciones de uso, que prohiben propugnar la violencia y la incitación al odio.
El nuevo código de conducta también pretende servir para formar al personal de las empresas con el fin de garantizar que se examine a fondo la mayor parte de las notificaciones, a la vez que, para que no se hable sólo de medidas de control, se lanza la intención de desarrollar "contradiscursos" independientes, ideas novedosas e iniciativas innovadoras, con apoyo a programas educativos que sirvan para fortalecer el pensamiento crítico. Y, como guinda al discurso de buenas palabras, todas las partes se comprometen a reunirse periódicamente y a presentar una evaluación preliminar al Grupo de Alto Nivel sobre la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y toda Forma de Intolerancia a finales de este mismo año.
Ante este nuevo escenario, la Asociación de Internautas se muestra tajante: se está otorgando a las grandes empresas un poder excesivo en asuntos relacionados con el derecho a la libertad de expresión cuando esa competencia sólo debería estar en manos de los jueces. Y marcan una diferencia muy clara: no es lo mismo obligar a esas compañías a responder rápida y adecuadamente a una denuncia o bloquear determinados contenidos que vulneran la ley que permitirles actuar por su cuenta y riesgo, sin "criterios comunes o armonizados" entre los distintos países.
