El Tribunal Supremo cuestiona que sea constitucional el artículo 1 de la norma que regula el cambio de identidad sexual en el Registro Civil y que exige la mayoría de edad para efectuar dicha modificación.
La ley reguladora de la rectificación registral relativa al sexo de las personas impone que para cambiar ese dato la persona afectada tenga más de 18 años. "Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo", dice concretamente.
La ley actual, sin embargo, sí permite el cambio del nombre en el registro y, hasta el momento, seis niños transexuales gallegos lo han logrado y una treintena en toda España.
A este artículo ha respondido la Sala de lo Civil del Supremo presentando un auto ante el Tribunal Constitucional (TC), el cual defiende que las personas menores de edad son titulares de derechos fundamentales y pueden defenderlos con una justificación adecuada y en proporción a su madurez. La última palabra la tendrá el TC.
Lo ha hecho a raíz del caso de un joven de 14 años que tiene escritos médicos y el apoyo de sus padres en su favor y el suficiente grado de madurez, según aprecia el tribunal, pero al cual la ley no permite efectuar el cambio, lo que ha llevado a la sala a cuestionar ante el TC si la norma es acorde con la Constitución.
La familia trató de inscribir al menor en el registro como varón, pero la juez responsable del registro negó la autorización, así como el juzgado y la Audiencia Provincial, por lo que la familia recurrió ante el Supremo.
El menor, que al nacer fue inscrito con sexo y nombre de mujer pero que desde muy pequeño se sintió varón y prefirió usar un nombre masculino, relata en su demanda, presentada por sus padres, varios episodios que hacen patente la diferencia entre el sexo que le fue asignado al nacer y el sexo que "siente" como suyo, situaciones que le provocan sufrimiento y humillación. La Sala valora que se encuentra en una situación estable de transexualidad.
El recurso del menor se ampara en el artículo 10 de la Constitución, que defiende "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad", el mismo artículo que el Supremo considera que podría vulnerar la ley cuestionada.
Además, se apoya en la doctrina jurisprudencial que impone la interpretación de las normas atendiendo al interés superior del menor. La cuestión se plantea con el apoyo del fiscal.
El recurso se apoya en el informe de un psicólogo, un psiquiatra y un endocrino, que no encontraron en el niño ninguna patología y que aceptan que asumió "un rol genérico masculino desde los tres años, presenta un fenotipo totalmente masculino y está totalmente adaptado a su rol masculino".
En su demanda los padres del menor alegan "que los niños y adolescentes transexuales deben identificarse públicamente con frecuencia en el ámbito escolar, poniendo abiertamente de manifiesto su situación ante sus compañeros de colegio o instituto, así como en otros ámbitos en los que hay que mostrar el documento de identidad o pasaporte, con el consiguiente perjuicio emocional y social que ello implica".
