La Fiscalía Provincial de A Coruña ha decretado el archivo de las diligencias informativas incoadas a raíz de un escrito presentado por el Defensor del Paciente sobre el trato dado a las mujeres que sufren abortos en el segundo trimestre del embarazo en el Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. La asociación llevó el caso a la Fiscalía después de que la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto denunciase que quienes deben interrumpir su embarazo a partir de la semana 14 de gestación en este centro coruñés no reciben la garantía de contar con la atención de un médico y una matrona y si quieren tenerla son derivadas a clínicas de Madrid.
La Fiscalía Superior de Galicia -a la que inicialmente se remitió la denuncia y que, a su vez, la dervió a la Fiscalía Provincial para que abriera la correspondiente investigación- recuerda que ya advirtió que "los hechos, tal y como estaban relatados, no tenían encaje en precepto penal, al menos mientras no exista alguna denuncia individualizada en la que se puedan acreditar concretos comportamientos ilícitos que tengan relevancia penal". En concreto, el Ministerio Público argumenta, para el archivo, que "la denuncia tiene más que ver con disfunciones en la prestación de servicios que son competencia de la Administración sanitaria que con hechos de naturaleza delictiva". Por ello, no ve "justificada" su intervención. Además, sostiene que no le compete "ni el examen, ni la fiscalización de actuaciones de la Administración, de cualquier ámbito, salvo en los supuestos que, de una concreta actuación, se revele su apariencia delictiva".
La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, reconoció ayer que se esperaban esta decisión "porque ninguna de las afectadas se personó". Sin embargo, se muestra disconforme con que no se investigue "para que se esclarezcan las cosas".
