Solo 80 de los 18.000 refugiados que España se comprometió a acoger el año pasado han sido asilados. Amnistía Internacional instó ayer al Gobierno gallego a presionar a España para recibir a más personas. "Es verdaderamente lamentable", valoró el portavoz local Manuel Barreiro, quien señaló que tanto Galicia tiene los medios necesarios para recibir personas refugiadas. Estas declaraciones tuvieron lugar en la presentación en Vigo del informe anual de la organización, en el que alertan de la amenaza que sufren los derechos humanos en 160 países, muchas veces bajo el amparo de una supuesta búsqueda de seguridad ciudadana, y donde España no es una excepción.

La sección territorial de Amnistía en Galicia puso de relevancia los casos más acuciantes en la violación de los derechos humanos tanto en Galicia, como en el resto de España y el mundo. Con 60 millones de desplazados, los refugiados han sido uno de sus principales campos de trabajo, de ahí su persistencia en que los Gobiernos deben cumplir con sus deberes y evitar el retroceso de los derechos de estas personas.

Además, recordaron que el año pasado el comité de la ONU contra la Tortura mostró su preocupación por las detenciones en régimen de incomunicación y recomendó a España, que revisase su definición de tortura en la legislación. También el Comité de Derechos Humanos instó al Gobierno central a acabar con las denominadas devoluciones "en caliente" de los inmigrantes que intentaban llegar a España a través de Melilla, dando a esas personas el derecho a acceder a la petición de asilo. Amnistía asegura que han recibido informes sobre casos de malos tratos en la frontera y centros de detención a manos de funcionarios.

El foco de su labor en Galicia se centró en 2015 en la defensa de la sanidad pública. Amnistía instó al Gobierno autonómico y al resto de partidos a que se posicionasen en contra de los recortes, económicos y de derechos, como la limitación del acceso a la asistencia de los inmigrantes. "Conseguimos que en Galicia se moderara esta disposición", señaló Barreiro.

No fue su única labor, también denunciaron y participaron en acciones en contra de la violencia hacia la mujer o en defensa del derecho a la vivienda. "Hay que establecer mecanismo para atender a las personas que van a perder su vivienda", solicitó Barreiro.