Normalidad aparente en las clínicas gallegas de Vitaldent, tres de ellas ubicadas en Vigo. "Continuamos trabajando con normalidad y los pacientes siguen realizando sus tratamientos", aseguró a mediodía una trabajadora del centro de García Barbón. "Todo normal", repetían telefonistas de otros centros del área olívica por la tarde. Visiblemente, las consultas proseguían, los pacientes entraban y salían y los médicos hacían su trabajo. "Nosotros seguimos atendiendo a los clientes y dando servicio en este momento, sin previsión alguna de cierre", añadía una empleada en el local de Vitaldent en Cangas do Morrazo.

Los franquiciados de Vitaldent en Galicia se sienten "perjudicados" -"al igual que el Estado"- por las supuestas prácticas que actualmente se investigan contra la Hacienda pública y que afectan al presidente y la cúpula directiva de la empresa (mercantil Laboratorios Lucas Nicolas). Precisamente, fueron quienes lo denunciaron: "El procedimiento se originó y se sustenta en la denuncia puesta por algunos franquiciados que denunciaron ante la policía que parte del canon mensual que deben pagar por serlo se estaba solicitando en metálico y no por transferencia bancaria", aseguran en un comunicado. Eso sí, es un tema que atañe "exclusivamente a directivos de Vitaldent", insisten, "y no afecta en nada a los pacientes ni a los trabajadores", según el escrito elaborado por el abogado de un franquiciado gallego.

Vitaldent cuenta con hasta 19 centros en Galicia, ubicados en las principales ciudades y localidades y todas son franquicias. Es decir, pertenecen a empresarios independientes que abrieron su negocio bajo el paraguas de la marca, a cambio del pago de un canon mensual y de cumplir unos estándares de calidad impuestos por la marca.

Ajenos a estas declaraciones, el temor se hacía presente entre los clientes tras conocer la noticia. Es el caso de una paciente viguesa, Ivana Castaño, que tiene cita hoy con su hijo, un menor discapacitado. La mujer, actualmente de baja médica, asegura que tuvo que adelantar los 590 euros del importe íntegro de la reconstrucción de nueve piezas dentales del niño, de solo 8 años, porque no aceptaron financiarle el tratamiento. "Para ello he tenido que pedir un adelanto de mi paga extra y entregarlo en metálico", se lamentaba la mujer, ante la hipótesis de que la clínica cerrase sus puertas. "Me dijeron que no me podían dar la factura hasta la próxima semana; solo tengo un recibí", se quejaba.