La Dirección Xeral de Patrimonio envió un requerimiento a los propietarios del pazo de Meirás, los herederos del dictador Francisco Franco, para que cumplan el régimen de visitas que establece la ley para los bienes de interés cultural. La Xunta confirmó ayer que ha advertido a los dueños de Las Torres de que deben "cumplir lo establecido en la ley".
El requerimiento llega después de la que la Consellería de Cultura abriese diligencias informativas tras la denuncia del Concello de Sada, que asegura haber recibido numerosas quejas de turistas por las dificultades para visitar el BIC.
La normativa obliga a que los monumentos catalogados como Bien de Interés Cultural abran al público al menos cuatro días al mes. Desde la apertura del pazo en 2011, han sido numerosas las voces que han denunciado las trabas para acceder al monumento (especialmente durante agosto, cuando veranea la familia) y también el carácter cada vez más reducido de los itinerarios (no se permiten grabar vídeos ni sacar fotografías y está prohibida la visita a la antigua biblioteca, entre otras estancias).
El Gobierno gallego, que inicialmente asumió el coste y la gestión de las visitas, delegó finalmente este cometido en los propietarios del pazo, que siempre se han mostrado reacios a permitir la apertura al público de Las Torres de Meirás (recurrieron hasta el final su declaración como Bien de Interés Cultural).
El gobierno local de Sada (Sadamaioría, PSOE y BNG) se mostraban ayer satisfechos con la actuación de la Dirección Xeral de Patrimonio. A la salida de su reunión con la directora xeral Carmen Martínez, y el subdirector xeral de Protección do Patrimonio, Juan Antonio Naveira, el alcalde Benito Portela, y el concejal de Turismo, Liss Suárez, destacaron "la buena disposición" de la Xunta "para resolver el problema". El ejecutivo municipal reclamó que se "solucione cuanto antes" un problema que "no solo causa un perjuicio económico a Sada, sino que es contraproducente para la imagen del municipio".
Los grupos que conforman el gobierno de Sada han reclamado siempre la devolución a la ciudadanía de este pazo que fue adquirido mediante ventas forzadas, descuentos en nóminas de los funcionarios municipales y provinciales y emisión de bonos supuestamente de compra voluntaria, para regalárselo al dictador. El ejecutivo ha renunciado a su intención inicial de calificar el pazo y su finca como sistema general de equipamiento público y espacio libre. Entre las razones que le han llevado a dar un paso atrás está la incapacidad del Concello para afrontar la posible expropiación. El ejecutivo remitirá finalmente la ordenación de este recinto histórico a un plan especial de protección del patrimonio.
