El estradense Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa es presidente del Consejo General de Procuradores de España desde 2001.Renovó su cargo en las elecciones de 2012. Lleva ejerciendo en el mundo de la procuraduría desde hace 40 años en Madrid. Es licenciado en Derecho y Económicas. El gallego repasa los retos a los que se enfrenta la justicia en España.
-La procuraduría está viviendo años muy convulsos.
-Estos años hemos pasado momentos muy difíciles con la amenaza constante de la ley de Colegios Profesionales, que finalmente se dejó en un cajón. Después de toda esta crisis hemos salido reforzados y beneficiados. Ahora la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil refuerza nuestras competencias y nos da capacidad de certificación.
-¿Les convierte eso en una especie de notarios?
-Yo no diría tanto, pero sí que es cierto que las profesiones con capacidad de certificación en España son muy reducidas. En los tribunales, por ejemplo, solo tienen esa competencia notarios y secretarios judiciales.
-¿Cree que la sociedad conoce la labor del procurador?
-En esta cuestión hemos avanzado mucho en los últimos años, pero seguimos teniendo un déficit importantísimo. Seguimos siendo los grandes desconocidos de la justicia para el común de los mortales a pesar de que dentro de la administración somos suficientemente reconocidos. Tenemos que salir aún más a la sociedad.
-¿Cuál es el futuro de los procuradores? Esta figura judicial no existe en el resto de Europa.
-Existe el procurador como agente de ejecución. Nuestro reto es homologarnos a nuestros colegas europeos. Con la sola representación procesal no se justificaría mantener nuestra profesión. Es un capítulo importante, pero no puede ser el único.
-¿Qué supondría que los procuradores tuvieran competencias en la ejecución?
-La justicia española, en contra de lo que se piensa, no es tan mala. Si comparamos con los países de nuestro entorno, vemos que las jurisdicciones civiles y sociales españolas tienen una velocidad de crucero hasta que se llega a la sentencia. El ciudadano no solo quiere que le den la razón, tiene derecho además a que se ejecuten los fallos con rapidez. Ahí es donde la justicia española tiene problemas. Hasta la sentencia se llega bien, pero a la hora de ejecutar las decisiones judiciales nos demoramos mucho. En ese campo tenemos un gran terreno de juego los procuradores.
-¿Por qué cuesta tanto la ejecución?
-Porque en el derecho español eso es muy complicado. Entiendo que los jueces deben dictar sentencias y vigilar que se cumplan, pero no tienen por qué llevar personalmente las ejecuciones. Nuestra Constitución dice que el juez juzgará y hará ejecutar lo juzgado. La ejecución no es una labor personal, sino de vigilancia y de impulso. Puede haber otros profesionales que lo hagan. Siguiendo la lógica del derecho español, los secretarios judiciales deberían llevar a cabo las ejecuciones con nuestra ayuda. Solo si hay alguna incidencia grave en ese trámite debería intervenir el juez.
-Han conseguido que se reformen las tasas judiciales. ¿Satisfechos?
-Al ministro actual le debemos que haya dado un paso atrás con las tasas. Es cierto que se han quedado fuera las pymes, pero los ciudadanos se han liberado de las cargas. Nosotros combatimos las tasas desde el minuto uno, antes incluso que los abogados. Luego seguimos una política distinta a la de los abogados. Yo no creo en las manifestaciones a pie de calle, me gusta más lo que se hace en los despachos o con enmiendas parlamentarias.
-Los abogados dicen que son demasiados. ¿Les ocurre lo mismo a ustedes?
-Somos demasiados por una cuestión legal. En muchos países hay númerus clausus para acceder a la abogacía o a la procuraduría. En España eso no existe, puede darse de alta todo el que quiera y eso trae una superpoblación en ambas profesiones. Retornar a los númerus clausus sería una solución, pero es difícil visto el panorama político.
-¿Es positivo que se hayan despenalizado las faltas?
-Entiendo que sí. En los ochenta desaparecieron los Juzgados de distrito y eso fue una pena porque eran los que llevaban estas cuestiones. Para un insulto entre vecinos o una cosa de ese tipo no tiene sentido que haya que constituir una sala con un juez profesional. Hay un estudio del Ministerio de Justicia que dice que cualquier juicio que se celebra en España tiene un coste medio de 3.000 euros y eso no tiene sentido. Hay que buscar otras salidas. Eso lo ha hecho el Código Penal.
