Una "marea amarilla", compuesta por cientos de funcionarios de los registros civiles de toda España, entre los que se encontraban numerosos funcionaros vigueses, recorrió ayer las calles del centro de Madrid, al grito de "No a la privatización del Registro Civil", en protesta por la reforma que prevé que su gestión pase a manos de los registradores de la propiedad.
El colectivo advierte que ese "experimento le va a salir caro a los españoles porque las cuentas no salen" y cree que redundará en que "los ciudadanos tendremos que pagar por servicios que ahora se prestan gratuitamente en los registros civiles". La manifestación fue convocada por quince organizaciones y por la Plataforma de funcionarios del Registro Civil de toda España, que desde hace más de dos años lucha contra esta reforma, impulsada por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, garantizó que la reforma del Registro Civil culminará con "un registro público, gratuito, servido por funcionarios públicos y cercano al ciudadano", negando las acusaciones de privatización de este servicio por parte de funcionarios y sindicatos. Además, 1.100 oficinas del registro en toda España "van a garantizar la cercanía a los ciudadanos, además de implantar cada vez mas servicios telemáticos".
"Quiero hacer este proyecto de reforma con los funcionarios, con los sindicatos, con las Comunidades Autónomas, y vamos a crear grupos de trabajo y mesas de negociación, que nos permitan durante los próximos meses ir ordenado todo este proceso de cambio", añade Catalá.
