La organización Derecho a Morir Dignamente (DMD) recordó ayer que en España hay muchas personas que en situaciones de enfermedad similar a la de Maynard quisieran planear su muerte pero que no pueden, ya que el Código Penal "condena a estos ciudadanos a vivir una vida sin este derecho, tomando sus decisiones en soledad, sin las condiciones asistenciales propias de una sociedad democrática y plural".
Ascensión Cambrón Infante, miembro de DMD en Galicia, calificó su decisión de valiente y le agradeció que haya expuesto su caso a la opinión pública para reivindicar el derecho a decidir sobre su propia muerte. "Esta joven pudo tener un suicidio asistido porque tenía medios económicos que le permitieron mudarse a un estado donde está legalizada esta práctica, pero no todos los ciudadanos de EE UU pueden hacerlo, lo que demuestra una gran desigualdad en un derecho que debería de ser universal: el de una muerte digna", expresó esta profesora jubilada de Filosofía del Derecho y exmiembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital Juan Canalejo de A Coruña.
Cambrón recordó que asistir al suicidio a una persona en España está castigado con penas de prisión de hasta cinco años. "Lo que sí hemos conseguido es que se respeten las últimas voluntades y que la medicina no te mantenga con vida de forma artificial si así lo expresas. El derecho a una muerte digna es una demanda social que hay que legislar; y tiene que ser una ley muy garantista, para que a nadie se le prive de la vida por puro interés", expone la filósofa.
"Nadie debería imponerte seguir viviendo ante un hecho indiscutible como la muerte irreversible. Los que no queremos ver mermada nuestra propia dignidad ante ese proceso deberíamos tener la libertad de poder decidir cómo morir", afirma Cambrón, que añade que para alcanzar el derecho a una muerte digna es necesario que el personal sanitario sea consciente de que hay que evitar sufrimientos y no alargar la vida a quien no lo desea.
