Los gallegos velan cada vez más por sus datos personales. Las denuncias interpuestas por ciudadanos de la provincia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al considerar que alguna empresa u organismo infringió la ley orgánica de protección de datos de carácter personal se duplicaron en la provincia de Pontevedra en solo un año y se triplicaron en A Coruña en siete años. Así, en la provincia de Pontevedra pasaron de las 114 denuncias registradas en 2011 a las 172 del año pasado, mientras que en A Coruña pasaron de las 45 registradas en 2007 a las 206 de 2012, según la última Memoria de la AEPD.
Estos datos sitúan a A Coruña en el top ten de provincias con mayor número de denuncias por un supuesto mal uso de información personal. La provincia gallega ocupa el noveno puesto a nivel estatal, solo superada por Madrid (2.319 denuncias), Barcelona (576), Valencia (388), Sevilla (352), Las Palmas de Gran Canaria (288), Málaga (265), Alicante (243) y Asturias (216).
A nivel gallego, A Coruña concentra casi la mitad de las denuncias registradas en la comunidad (el 42,7%). Con 206 casos, le sigue Pontevedra (172) y a gran distancia Lugo (60) y Ourense (44). Los datos de Protección de Datos revelan que en sólo un año las denuncias aumentaron un 33% en en conjunto de la comunidad gallega aunque la evolución no fue igual en todas las provincias. Lugo fue la que registró un mayor incremento: un 172% al pasar de las 22 denuncias en 2011 a las 60 de 2012. A continuación se situó Pontevedra (50% al pasar de 114 a 172) y A Coruña (un 22% más, de 169 a 206). Tan sólo Ourense registró un descenso en el número de denuncias presentadas ante Protección de Datos: bajó un 21% al pasar de 56 a 44 casos.
La legislación española establece que la información personal -datos como el nombre y apellidos, la dirección o el teléfono- sólo podrán ser utilizados en relación con el ámbito específico para el que han sido obtenidos y que deben cancelarse cuando finalice la actividad para la que fueron recogidos. Además, la normativa distingue ciertos datos como "especialmente protegidos" y por ello, establece que la información sobre la vida sexual o la salud de una persona sólo podrá ser recogida con el consentimiento expreso del afectado, que nadie puede obligar a un ciudadano a declarar sobre su ideología o religión o que los datos sobre infracciones penales sólo pueden ser recopilados en ficheros de las Administraciones.
Cuando esto se incumple, el ciudadano tiene derecho a denunciar lo sucedido. Para ello debe presentar una reclamación ante Protección de Datos en la que hay que identificarse, presentar el problema y toda la documentación que pueda acreditar la supuesta infracción. Trámites que, durante el último año analizado (el 2012), iniciaron un total de 7.946 españoles, de los que 482 residían en Galicia, quinta comunidad con más denuncias, solo superada por Madrid (2.319), Andalucía (1.164), Cataluña (826) y Comunidad Valenciana (688). En el lado opuesto, zonas en las que no llegan ni al centenar de denuncias de este tipo: La Rioja (46) o Cantabria, con un total de 86.
Pese a las miles de denuncias interpuestas, los procedimientos sancionadores resueltos no llegaron a 700 en todo el país. Se impusieron un total de 646 sanciones, la mayoría a empresas del sector de las telecomunicaciones (321), seguidas de entidades financieras (90), empresas de videovigilancia (63), servicios de internet (24) o partidos políticos (cinco), entre otros.
Los datos por provincias revelan que en Pontevedra hubo 8 imputados en procedimientos de este tipo y en A Coruña, 14.
