El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual, con la que se pretende potenciar los instrumentos de lucha contra la piratería en internet y que otorgará más transparencia a las entidades de gestión de los derechos de autor. La reforma, que se aprobará a lo largo de esta legislación, se dirige a tres frentes: un mayor control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por parte de la Administración, un refuerzo de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual en la lucha contra la piratería y una revisión del concepto legal de copia privada.

Según el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, uno de los principales avances de este anteproyecto es la distinción que hace "entre las situaciones en las que hay deliberadamente un uso ilícito lucrativo de la tecnología para vulnerar los derechos de la propiedad intelectual de aquellos recursos de la sociedad de la información que en ningún caso basan su actividad o modelo de negocio en violentar esos derechos". La regulación propuesta por el Gobierno concreta un régimen sancionador tanto para las entidades de gestión que no cumplan con las obligaciones que señale la norma como para las páginas web que reiteradamente incumplan los requerimientos de retirada de aquellos contenidos ilegales que atenten contra la propiedad intelectual. En el caso de las entidades de gestión, las sanciones administrativas pueden llegar a una multa por importe del 2% de su recaudación en el ejercicio anterior mientras que para las páginas con contenidos ilegales se prevén cantidades que van desde los 30.000 a los 300.000 euros.

La reforma pretende también reforzar la eficacia de los mecanismos de la Comisión de Propiedad Intelectual en los procedimientos abiertos frente a las demandas interpuestas por los titulares de derechos que consideran que sus obras están siendo utilizadas sin su permiso en internet. Se contempla que la comisión pueda requerir a las empresas que tengan publicidad en páginas con contenidos ilegales que retiren sus anuncios, así como a las empresas de pagos electrónicos que interrumpan sus servicios. El texto dotaría a la comisión de una mayor capacidad para actuar frente a las páginas de enlace o prestadoras de servicios que contienen listados de contenidos ilegales.

Respecto a las entidades de gestión, la norma establece un catálogo detallado de las obligaciones que tienen que cumplir las ocho asociaciones de titulares de derechos de autor que en la actualidad están autorizadas, como, por ejemplo, la de difundir en su web las tarifas que fijen a los usuarios por la utilización de esos derechos y justificar esos precios con criterios objetivos.

Sobre la copia privada, el anteproyecto modifica el requisito de que la reproducción se lleve a cabo por una persona física para su uso privado, y añade que no exista la ayuda por parte de terceros. Asimismo excluye de este concepto los usos profesionales y empresariales.

La Asociación de Internautas denunció que la normativa que prepara el Gobierno porque "confirma las peores sospechas", ya que "se universaliza el pago del canon digital, se limita el concepto de copia privada y se criminaliza el enlace".