Los padres ven de "sentido común" que el magistrado decida la custodia compartida

El fiscal ya no es determinante en la ecuación para que un juez dictamine la custodia compartida. La noticia, que dio el Tribunal Constitucional el pasado miércoles, despierta la esperanza de los progenitores gallegos. La Asociación Galega de Pais e Nais, a través de su presidente, Antonio Díaz, considera que la decisión del tribunal "bendice" una vieja demanda. "Se impone el sentido común", destaca, y se reserva al juez la capacidad de juzgar. "Según nuestro punto de vista, que el fiscal tuviera derecho de veto conculcaba la Constitución", añade Díaz, ya que dejaba en manos del Ministerio Fiscal "una decisión que compete exclusivamente a los jueces".

Para Díaz, "se habla del interés del menor", pero no se tiene en cuenta. "El interés del niño es seguir teniendo padre y madre y una familia extensa por las dos partes después del divorcio", argumenta en favor de la custodia compartida. "Pretendemos que se fomente", subraya.

Lo mismo defiende Jesús Orois, presidente de la Asociación Custodia Compartida en Galicia Xa!, que ve en la decisión del Constitucional "un paso muy importante, incluso en la antesala de una próxima ley nacional de custodia compartida". En todo caso, lamenta que llega con "un retraso de siete años", los mismos con los que cuenta la legislación actual, de 2005. "Siete años de vida que perdieron un millón de niños en este país", critica. Para Orois, "hay que mantener separados el poder judicial del legislativo" y la legislación de 2005 suponía una "intromisión".

La custodia compartida, defiende, es la medida adecuada y debe perder su carácter de "excepción". La decisión del Constitucional, cree Orois, incrementarán las custodias compartidas.

"Muchas veces los jueces veían atada su decisión a que el fiscal informase de modo favorable", destaca. Por eso Orois reclama que los casos fallados durante estos siete años puedan ser "revisados". Mientras, seguirán demandando una ley que establezca la custodia compartida por defecto.

Antonio Piña, de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, opina, a título personal, que los fiscales "cumplen con su trabajo", pero que "la decisión corresponde al juez y no al fiscal".