La píldora femenina más polémica cumple tres años desde su suministro sin receta. Anticonceptivo de urgencia defendido por sociedades científicas, levantó -sin embargo- tempestades entre colectivos médicos que, amparándose en la objeción de conciencia, se negaron a prescribirla por creerla abortiva. Y se relajó pocos meses después de que se dispensase libremente en farmacias, al comprobarse que los datos de consumo no se habían disparado.

Ahora, tres años después, la pastilla atraviesa un futuro incierto. La ministra de Sanidad, Ana Mato ha pedido un nuevo informe al Consejo Asesor de Sanidad, que aún no se ha constituido. Lo hace por segunda vez. La titular de Sanidad ya explicó en febrero que había solicitado un "informe médico y científico" sobre las repercusiones de este fármaco en la salud especialmente, de las menores. Los informes no fueron uno sino tres -de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia; de la Organización Médica Colegial y de la Agencia Española del Medicamento-, pero la ministra consideró que no eran "concluyentes ni coincidentes".

Este fármaco -cuyo coste no asume la seguridad social- se puede utilizar en las primeras 72 horas desde que se produce una relación sexual de riesgo, pero a partir de las 24 horas la eficacia disminuye, de ahí la importancia de facilitarlo con relativa rapidez.

Ginecólogos consultados, alegando precisamente "razones científicas" aseguran que en prácticamente todos los países europeos y en EE UU, la píldora se puede adquirir sin receta y sin problemas de salud. El ginecólogo José Luis Doval asegura: "Parece que están buscando un informe que confirme médicamente una decisión política; un argumento para sacar el fármaco de la libre dispensación y volver a un control que dificulte el acceso". Se refiere el experto a que la propia OMS considera que es un medicamento "esencial" (no es tóxico, no crea dependencia, no produce malformaciones fetales y no tiene efectos secundarios graves), por lo que opina que "médicamente no hay motivo para no permitir la libre dispensación, como en la mayoría de países europeos".

Sin embargo, el vocal del Colegio Farmacéutico de Pontevedra, Ignacio Sánchez, advierte lo contrario: "Debería de ser considerado con receta médica para su dispensación por sus propiedades farmacológicas, posibles reacciones adversas y desviaciones en el uso correcto y racional por parte de la paciente", comenta en su opinión este experto.

El portavoz en Pontevedra del Foro Español de la Familia, Luis Pereira explica confirma asimismo que a día de hoy "nuestra posición no ha variado; se ha reforzado". Y añade que "los datos dicen que en los menores de edad, el uso se ha incrementado". "En 2008 se suministraban 83 píldoras abortivas al día en Galicia y en 2009 eran 93 a la hora". "Para nosotros esa sustancia es abortiva y entre la gente que la consume, sobre todo menores, se está detectando una relajación en el uso, acuden a ese remedio con más frecuencia".

El ginecólogo Doval insiste en ese aspecto en que "no hay un abuso de repetición".Y otros datos que manejan farmacéuticos como Ignacio Sánchez son contrarios: "A nivel de mi experiencia profesional, tras una fuerte demanda inicial, siguió un decrecimiento, quizá por la labor de los profesionales sanitarios".

En la misma línea coincide Tereixa Otero, en representación de la Marcha Mundial das Mulleres: "Contra los anunciados recortes a la ley del aborto y otras como ésta, solo quieren cortar la libertad de las mujeres. No sé por qué tienen tanto problema con que usen las píldoras las menores de 16 años, si a esa edad sí pueden casarse y firmar un contrato laboral en precario".