El Ministerio de Defensa ha reconocido que el fallecimiento del alférez de navío vigués Orípedes Fraguas fue acaecido en acto de servicio el 29 de mayo de 2011 como consecuencia de un empeoramiento del cáncer de pleura que padecía y que contrajo a causa de su exposición al amianto durante el desempeño de su función como mecánico en barcos de la Armada. A pesar de que este militar ya consiguió que Defensa le reconociese la incapacidad laboral y no por enfermedad común por el mismo motivo, la familia tuvo que reclamar este reconocimiento, uno de los pocos que ha concedido este ministerio, según el despacho de abogados que lleva el caso de esta familia.
"Conseguir que se le reconociese la incapacidad laboral ya fue un paso importante, del que mi padre estaba muy orgulloso. Tras fallecer, sin embargo, cuando mi madre solicitó la pensión de viudedad le concedieron la normal y por eso reclamamos. La Administración es muy fría y no tiene en cuenta el sufrimiento de las personas. Y este es uno de los motivos por los que seguiremos peleando", expone Alberto Fraguas, uno de los hijos del militar.
Aunque la resolución de Defensa no crea precedente, Alberto Fraguas espera que esta resolución allane al menos el camino a otros enfermos que reclaman los mismos derechos que el alférez de navío vigués. "En Galicia hay muchas personas, civiles y militares, especialmente en la zona de Ferrol, que están enfermas por el amianto y otras muchas que lo estarán porque esta enfermedad (mesotelioma pleural maligno) es una enfermedad con un periodo latente de entre veinte y cuarenta años", advierte.
La viuda e hijos de Fraguas presentarán la semana próxima dos solicitudes para que Defensa, en función de su resolución, del 25 de mayo, le otorgue los mismos honores que a cualquier otro militar fallecido en acto de servicio, es decir, que le conceda la Cruz del Mérito Naval con Distintivo Amarillo y se le rinda los correspondientes honores militares a sus restos mortales, que actualmente descansan en el cementerio parroquial de Verducido, en A Lama.
"Mi padre forró y desforró durante años calderas con amianto durante más de treinta años y cuando enfermó, vivió un auténtico calvario, yendo y viniendo de Madrid y Ferrol para someterse a tribunales médicos militares, hasta que se le reconoció la baja laboral. Por eso ahora, demandamos el mismo trato que al resto de militares fallecidos en acto de servicio", insiste.
La familia continuará además con la demanda patrimonial iniciada por el militar contra el Ministerio de Defensa por no adoptar medidas de seguridad laboral para proteger a sus militares de la exposición al amianto ni someterlos a controles médicos, y contra los fabricantes de las calderas de los barcos en los que desempeñó su función –cuyos nombres Defensa reconoce en esta resolución–, presentada en Estados Unidos.
"A mi padre jamás se le explicó ni los riesgos del amianto ni las medidas de protección, ni se le hizo un chequeo médico, ni siquiera cuando ya se sabía que el amianto era tóxico", se lamenta el hijo. Se calcula que en España hay 80.000 afectados por amianto; unos 3.500, en Galicia.