Galicia, un país obsequiado por doquier con vestigios de patrimonio cultural desde la prehistoria hasta la época moderna, no ha destacado hasta ahora por recibir un aprobado en la protección de sus bienes. Es, al menos, lo que opinan algunos de los expertos congregados por el Consello da Cultura Galega (CCG) en Santiago de Compostela para debatir ayer y hoy sobre este asunto. Iago Seara –uno de los encargados de rehabilitar el Pórtico da Gloria– resalta su "preocupación" por la "escasez de medios económicos"; mientras que la restauradora María García Alén alerta sobre "la desprotección que padece una gran parte del Patrimonio Cultural".

"Esta desprotección –añade la experta– así como el incumplimiento de la legislación por parte de las administraciones responsables han llevado al patrimonio gallego a una difícil situación".

Teniendo en cuenta esto, es, para García, "una prioridad acometer la revisión de Lei do Patrimonio" (Lei 8/1995) ya que resulta "insuficiente para proteger la totalidad de los bienes culturales". En la actualidad, explica que ni el paisaje ni el patrimonio industrial están incluidos en la norma –dos campos que, por ejemplo, sí abarca la Ley andaluza– y que los bienes inmateriales están sin inventariar.

María García Alén va más allá: "Desde la entrada en vigor de la ley, el estado del inventario general del patrimonio de bienes materiales y bienes de la Iglesia –entre otros– es desconocido".

Como añadido, no existe un catálogo de bienes inventariados finalizado. Ya se sabe que lo que no se conoce, de lo que no se informa, no se puede proteger con todo el peso de la normativa.

Para García Alén, "la conservación del patrimonio fue totalmente olvidada por la actual ley y por la administración. Padecemos una ausencia de criterios de intervención para la restauración de bienes muebles, agravada por la falta de profesionales que desde la administración intervengan". La restauradora propone mirar hacia otras autonomías como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Murcia, Extremadura o Andalucía que cuentan con centros de conservación de bienes culturales.

Mientras la actual ley no se actualice, la restauradora aboga por "comenzar a aplicar los instrumentos legales con los que ya contamos".

Por su parte, Iago Seara subraya estar "muy preocupado por cuestiones colaterales como la escasez de medios económicos".

Esta disminución del dinero de las administraciones públicas en la rehabilitación y protección de bienes desemboca en "un problema de gestión", según Seara. Como consecuencia, se prioriza, solo se invierte en aquellas actuaciones de mayor urgencia para aplazar otras. Para Seara, las distintas administraciones "deberían llevar a cabo un programa de convergencia de intereses y prioridades para paliar los posibles defectos económicos".

Otra de las amenazas actuales del patrimonio cultural gallego es la despoblación y el saqueo, por ejemplo, de templos y edificios históricos abandonados o con nula vigilancia. Iago Seara reconoció que supone un "problema la conservación del patrimonio rural".