Ningún voluntario para agente anti-humos

Respuestas como "¿cartel de prohibido fumar?, no tenemos" o dudas del tipo: "en la terraza se puede, ¿no?", son algunas de las incógnitas que los hosteleros aún expresan a solo dos días vista de la entrada en vigor de la ley antitabaco que prohibe expresamente fumar en lugares públicos cerrados. Quién tiene, debe o quiere denunciar en caso de que alguien fume, no solo en bares, sino en las inmediaciones de centros infantiles o sanitarios es otro de los asuntos más polémicos. Aunque en principio la ley tiene un seguimiento fácil: no fumar, la puesta en práctica si la situación se complica no está tan clara. La mayoría confían en la buena disposición por parte de los clientes.

Los hosteleros de Vigo se quejan de no haber recibido ninguna notificación oficial sobre cómo actuar a partir del 2 de enero si hubiese reacios a apagar el pitillo. Muchos, también desconocen que es obligatorio fijar carteles. El presidente de la Federación Provincial de Hostelería (Feprohos), José Magaz, anunció recientemente que la hostelería no ejercerá de inspectora. Ayer, FARO comprobó que solo uno de seis propietarios de locales consultados estaría dispuesto a levantar el teléfono para comunicar a la Policía que alguien fuma en su local.

Y la Consellería de Sanidade, que es quien tiene competencias en materia de inspección, asegura que no hará nada "extra". No se reforzarán los inspectores –aseguran fuentes de la Xunta– ya que tienen impuestas las mismas tareas que con la ley de 2005. "No ha cambiado nada", aseguran, "pero los inspectores lo tienen más fácil, porque ya no tienen que supervisar los metros de las zonas habilitadas a fumadores, ni nada; sólo que no se fume", aseguran.

El Ministerio de Sanidad explica que la ley es de obligado cumplimiento "por parte del hostelero y por parte del usuario". También que exige instalar un cartel indicativo en el interior y exterior de las cafeterías y restaurantes, pero el diseño del mismo aún no está colgado en la web, ni aparece en ningún lado –según fuentes ministeriales– porque la ley aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Las pocas cafeterías y restaurantes que lo tienen instalado siguen con el modelo convencional, de 2005. Las mismas fuentes del Ministerio aseguran que una persona que ve a alguien fumando en algún lugar indebido, "está en su derecho de denunciar, tanto al local como al particular, por incumplir la ley".

Las primeras multas que se estiman, por fumar "de forma aislada" son de treinta euros. Las sanciones leves van de 30 a 600; las graves de 600 a 10.000 y las muy graves, llegan de los 10.001 a los 600.000 euros.

Sin ir más lejos, un paseo por el Casco Vello de Vigo –un sector fuerte en hostelería– revela muchos interrogantes. Atendiendo estrictamente a la medida, algunos soportales no serían zonas aptas para fumar, porque cuentan con dos paredes laterales. Sin embargo, la mayoría de los locales confía en que en ellos sí podrá haber fumadores. La presidenta de VigoVello, Aitos Domínguez también repara en ese detalle, con la ley en la mano. Y con respecto a las denuncias, asegura: "¿Quién es la Policía?, ¿ somos nosotros? No pueden hacernos ejercer como tal". Varios de las incongruencias que encuentra en la medida son, por ejemplo, la proximidad de los hospitales. "¿Cómo voy a saberlo si voy caminando por donde no conozco?", bromea. Se refiere también a la ubicación de un centro sanitario en plena Plaza de la Constitución, donde se asientan la mayor parte de las cafeterías. Se trata de algo recurrente en más lugares de la ciudad de Vigo. Como propietaria de un pub, Domínguez comenta: "Va a ser una fuente de follones, porque si tengo al típico que no quiere apagar el pitillo, ¿qué hago?

La subida de impuestos le valdrá al Estado 780 millones de euros. Aún así, los datos del Estado aseguran que por cada euro que se ingresa en las arcas por la venta de cigarrillos, se gastan dos en costes sanitarios.

La Federación Española de Hostelería vaticina una caída del 10% de la facturación, que el organismo de Pontevedra eleva al 20%, con 8.000 puestos de trabajo –dicen– en juego. El Instituto de Estudio Económicos calcula que se perderán una cifra muy inferior: 50.000 puestos en el sector en España. La Unión de Estanqueros asegura que se han reducido 60.000 máquinas expendedoras y que habrá una demanda insatisfecha de cigarrillos.