El Ejecutivo comunitario lanzó una consulta pública, que durará hasta el 1 de junio, para reunir la opinión de todas las partes interesadas, es decir, los fabricantes y distribuidores de tabaco, las organizaciones de salud pública, las administraciones, las ONG o las asociaciones de consumidores. El resultado será tenido en cuenta por Bruselas en las propuestas legislativas que tiene previsto presentar a finales de año.

En el documento de consulta se recuerda que el tabaco sigue siendo la principal forma de mortalidad evitable en la UE, ya que alrededor de 650.000 muertes al año están ligadas al tabaco y cerca de la mitad de las víctimas son personas de entre 35 y 69 años de edad, muy por debajo de la esperanza de vida media. El número de fumadores en la Comunidad se sitúa en alrededor de un tercio de la población.

La fiscalidad, según Bruselas, se inscribe en la estrategia general de prevención y disuasión del tabaquismo. Recuerda que, según el Banco Mundial, el aumento de precios de los productos del tabaco es el medio más eficaz de prevención. Un incremento del 10% reduce el consumo un 4% entre los adultos, pero el impacto puede ser todavía más importante entre los jóvenes, que son más sensibles a estas subidas de precio.

El Ejecutivo comunitario señala que, entre 2002 y 2004, la cuota de mercado de los cigarrillos baratos "se ha disparado" en la mayoría de los Estados miembros. "Esta situación ha supuesto una disminución de los ingresos fiscales y ha atenuado el efecto disuasivo de los incrementos fiscales sobre el consumo de cigarrillos. También ha puesto en riesgo los objetivos de los Estados miembros en materia de sanidad", se destaca.

Por ello, se apunta que uno de los objetivos posibles de la nueva norma podría ser dar mayor flexibilidad a los Estados miembros para que puedan aumentar los impuestos mínimos sobre estas marcas baratas.

Esta alternativa es para Bruselas mucho mejor que fijar precios mínimos para la venta minorista, una medida que considera contraria a la legislación comunitaria, que distorsiona la competencia y sólo beneficia a los fabricantes porque protege sus márgenes de beneficio. La Comisión ya ha llevado a Francia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por fijar estos precios mínimos.