El abogado, Javier Miranda, integrante de Familiares, dijo a Efe que "es absolutamente inaceptable que se quiera equiparar la situación de los desaparecidos con la de funcionarios públicos muertos en el cumplimiento de su tarea".
A su juicio, "no se puede comparar a las víctimas del terrorismo de Estado con otras que cayeron mientras estaban en servicio", como agentes de policía o militares.
Aunque aclaró que "si el Gobierno desea indemnizar a las familias de los militares y policías, no tenemos nada qué decir", Miranda afirmó que "la reparación para los familiares de los desaparecidos debe ser integral y no solo económica".
El abogado, hijo del notario Fernando Miranda, detenido-desaparecido y cuyos restos fueron localizados el pasado año, agregó que "la postura de Familiares ya es conocida y se la hicimos saber al presidente Tabaré Vázquez: queremos conocer la verdad y devolver la dignidad a los detenidos-desaparecidos".
Miranda estimó que tras el proyecto de ley "parece haber intenciones políticas y de polarizar a los uruguayos, y en eso no vamos a entrar".
La administración del presidente Vázquez (socialista), la primera de izquierda en la historia del Uruguay, envió el martes un proyecto de ley al Parlamento que tiene por objetivo "ayudar a la consolidación de la paz" en el país y "dar un tratamiento justo" a las familias de los fallecidos.
La iniciativa de resarcir a las familias de militares y policías muertos en enfrentamientos con la guerrilla de los Tupamaros (o con otros grupos radicales de izquierda) y a las de los detenidos-desaparecidos, fue presentada hace tiempo por el diputado Daniel García Pintos, del opositor Partido Colorado.
La indemnización propuesta, de 150.000 dólares, abarcará a unas 70 familias de militares, policías y civiles muertos entre 1962 y 1976, los años previos y los primeros de la dictadura implantada en Uruguay entre 1973 y 1985, que fueron los de peores enfrentamientos armados.
De aprobarse el proyecto, unas 20 familias de detenidos-desaparecidos también serán indemnizadas.
"En ambos lados hubo muertos y no se puede hablar de muertos de primera o de segunda categoría, por ello la reparación económica debe ser para todos", destacó García Pintos a Efe.
El legislador señaló su "satisfacción" porque el Poder Ejecutivo "haya hecho lugar a nuestra iniciativa" y destacó su convicción de que el proyecto tendrá una rápido trámite y será aprobado por el Parlamento antes de mediados de año.
La gobernante coalición de izquierda Frente Amplio tiene mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que, en principio, la aprobación del proyecto estaría asegurada.
Para Guillermo Paysé, coordinador del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), "transcurridos 22 años de la recuperación de la democracia los familiares de los detenidos-desaparecidos aún esperan un resarcimiento", por lo que la iniciativa "me parece totalmente justa y positiva para quienes sufrieron el terrorismo de Estado".
Paysé destacó, sin embargo, a Efe sus "dudas" en cuanto a que corresponda al Estado asumir indemnizaciones "por las acciones realizadas por bandas armadas".
"De ser así se crearía un precedente muy peligroso", afirmó, aunque matizó que quizás la explicación de motivos que acompaña el proyecto de ley "pueda aclarar el panorama".
Actualmente varios de los líderes históricos Tupamaros ocupan ministerios, otros cargos de gobierno y son legisladores.
Entre las familias que serán beneficiadas por la indemnización están las del en su día embajador uruguayo en Paraguay, Carlos Abdala, y del que fuera viceministro de Educación y Cultura, Armando Acosta y Lara, ambos asesinados.
Hasta ahora solo cuatro familias de uruguayos detenidos-desaparecidos lograron hace años pequeñas indemnizaciones del Estado por orden de la Justicia y tras entablar juicios de manera individual.
