El Gobierno central decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Derecho Civil de Galicia por entender que la regulación que establece en materia de adopción y autotutela "exceden las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma y vulneran las competencias exclusivas del Estado".

El Ejecutivo ampara su recurso de inconstitucionalidad en que la Ley de Derecho Civil de Galicia "regula con carácter general y de manera exhaustiva" la adopción y la autotutela en sus artículos 27 y 45, pese a que no existen antecedentes en la legislación civil gallega.

Por ello, el Ministerio de Administraciones Públicas estima que la Ley de Derecho Civil, aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego en junio de 2006, "excede" las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma "para la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil gallego".

El Consejo de Ministros acordó interponer el recurso ante el Tribunal Constitucional después de que el pasado martes, en el seno de la Comisión Bilateral entre Gobierno y Xunta, ambas partes acordasen dar un plazo hasta la medianoche de ayer para negociar "in extremis", tal y como señaló el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. El pasado mes de septiembre, Xunta y Gobierno ya habían constituido un grupo de trabajo para intentar buscar un acuerdo.

Tras la reunión del pasado martes con la secretaria de Estado de Cooperación Territorial, Ana Leiva, el vicepresidente gallego alertó de que presentar el recurso de inconstitucionalidad "no podría tener una interpretación positiva" en Galicia, aunque puntualizó que, "si tienen que ser así, tampoco pasa nada". Ayer, Quintana calificó de "grave error del Gobierno central" su decisión de presentar el recurso, al entender que la regulación de adopciones y tutela de menores no pertenece al marco de las competencias autonómicas.

Quintana recordó que la Ley de Derecho Civil Gallega fue aprobada por unanimidad del Parlamento y señaló que intentaron "por todos los medios" que esto no se llegase a producir. Este es el primer choque legal entre el gobierno central y el bipartito que llega a los tribunales.