Tras la reunión del Consejo Territorial de la Dependencia donde se aprobó el baremo, Valcarce aseguró que este órgano ha propuesto por unanimidad que la próxima semana se inicien los trabajos para establecer un calendario sobre las prestaciones económicas y los servicios a los que tendrán acceso los dependientes.
Valcarce subrayó que el Consejo quiere en los acuerdos sobre la cartera de servicios y el copago se adopten "el próximo mes de abril, como manda la Ley", y puntualizó que este último punto "debe ser estudiado" y "no ha sido objeto de discusión" en la reunión de hoy.
La Ley establece un plazo de tres meses desde la constitución del Consejo Territorial (el pasado 23 de enero) para aprobar el baremo, los servicios y el copago.
El baremo valora la autonomía de las personas para las actividades básicas de la vida y la necesidad de apoyo y supervisión, al tiempo que contempla un instrumento específico para los menores de tres años.
A juicio de Valcarce el apoyo al baremo refleja la aceptación que suscita en el sector, representado por el Consejo Estatal de Mayores, el Consejo Nacional de Discapacidad, el Consejo Estatal de Ongs y los agentes sociales.
La secretaria de Estado destacó también el hecho de que, a propuesta de Gobierno vasco, las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tendrán voz Consejo Territorial, "lo que refuerza la cooperación territorial y garantiza la vertebración del Sistema en toda España".
Respecto al recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Dependencia presentado por Navarra, Valcarce mostró su respeto a la decisión y añadió que "está en su derecho".
Las capacidades que se valorarán para determinar el grado de dependencia de una persona son la posibilidad de controlar y tomar por iniciativa propia decisiones personales.
Asimismo contempla si el paciente es capaz de comer y beber, si cuenta con el control de esfínteres, así como si es capaz de lavarse o de ponerse o quitarse la ropa en el orden correcto y de acuerdo con las condiciones climáticas y las condiciones sociales.
También se tendrá en cuenta si es capaz de cuidar de su salud, tanto para reaccionar sobre los riesgos como para prevenir enfermedades, buscar asistencia médica o seguir sus consejos.
El baremo distingue también la capacidad de una persona para sentarse, tumbarse, ponerse de pie, moverse estando sentado de un asiento a otro o moverse estando tumbado de una cama a otra.
Respecto a la movilidad, puntúa al paciente en función de si puede desplazarse dentro del hogar o puede caminar cerca de sus vivienda o utilizar los servicios públicos.
En virtud de estas capacidades el ciudadano recibe una evaluación de hasta 100 puntos y se clasifican en Grado I (entre 25 y 49 puntos); Grado II (entre 50 y 74 puntos) y Grado III (entre 75 y 100 puntos).
Este último grupo es el considerado de "gran dependencia" y sus integrantes serán los beneficiarios del sistema este año.
Entre los menores de tres años, el baremo compara el nivel de autonomía de un menor y establece revisiones a los 6, 12, 18, 24 y 30 meses.
