El fallecimiento de Andrea, la niña con una enfermedad irreversible para la que sus padres habían solicitado una muerte digna, se produce tres meses después de la aprobación de la ley gallega sobre derechos de los enfermos terminales y sienta un precedente en España para los menores en estas situaciones. El Parlamento de Galicia aprobó el 22 de junio una ley de derechos y garantías de los enfermos terminales, una norma destinada a regular la libertad en el proceso de la muerte aunque no contempla la eutanasia.

La asociación de Pacientes y Usuarios del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) consideró que la "muerte digna" de la niña Andrea, ingresada en ese centro en situación terminal, ha logrado convertirlo en un "derecho fundamental".

En un comunicado, la asociación agradece el "esfuerzo y determinación" de los padres de la niña de 12 años, aquejada de una enfermedad irreversible, porque "no solo defendieron el derecho a una muerte digna de su hija, sino que permitieron trasladarlo a la ciudadanía y convertirlo en un derecho fundamental irrenunciable y socialmente admitido".

Destaca que pese a que Andrea tuvo una "muerte digna, no podemos olvidar que el camino que recorrió hasta hoy estuvo cargado de padecimiento, soledad y silencio".

La asociación indica que "Andrea, al igual que otros muchos niños fue víctima de un sistema sanitario que no escucha a los pacientes, que antepone los criterios ideológicos de los facultativos a los derechos reconocidos legalmente, y que hace del mantenimiento de la vida a ultranza un dogma, aunque eso suponga mantenerla a base de encarnizamiento terapéutico y a costa de sufrimiento del paciente".

La asociación critica que el sistema público de salud "no dedica los medios necesarios para hacer efectivo" el derecho a una muerte digna y apunta que en el CHUS "no existe una unidad de cuidados paliativos pediátrica, lo que obliga a que los niños en situación terminal sean atendidos en la unidad de cuidados intensivos pediátrica en zonas improvisadas y con personal no especializado".

Advierte de que "hay más casos como los de Andrea que, expulsados del ámbito hospitalario, están siendo atendidos en sus domicilios y que padecen en silencio el dolor y el deterioro físico y psicológico de sus seres queridos".

Campaña por la eutanasia

Por su parte, el presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD), el doctor Luis Montes, afirmó ayer que la sociedad está "suficientemente madura" para abrir el debate del suicidio asistido y la eutanasia, y ha confiado en que los partidos políticos aborden por fin este asunto.

Montes, que participó en Oviedo en una charla titulada "Derecho a Morir Dignamente", subrayó la necesidad de que los partidos políticos incluyan el suicidio asistido y la eutanasia en sus programas electorales para regularla por Ley.

El derecho a decidir al final de la vida "es fundamental" y la sociedad está demandando que así sea reconocido, expuso el doctor.

Para concienciar a los partidos, la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente ha puesto en marcha la campaña "#LibresHastaElFinal", que con la colaboración de caras conocidas como el Gran Wyoming, Isabel Gemio o Iñaki Gabilondo reclama la derogación del artículo 143 del Código Penal, que penaliza el suicidio asistido y la eutanasia.

Además de la derogación de este artículo, la campaña trata de sensibilizar acerca de la necesidad de que España cuente con una Ley que ofrezca "suficientes garantías" tanto a pacientes como a profesionales sanitarios para la aplicación del suicidio asistido o eutanasia, ha explicado.