Una pareja de lesbianas defendió ayer ante el titular del Juzgado de lo Social número 18 de la Comunidad de Madrid que la orden ministerial que decidió excluir de los tratamientos de reproducción asistida a mujeres sin pareja masculina vulneró su derecho fundamental a la maternidad.
Tania, nombre ficticio de la demandante, compareció en la vista oral ante el juez tras denunciar al Ministerio de Sanidad, a la Comunidad de Madrid y a la Fundación Jiménez Díaz.
Según la abogada de la pareja, Cristina Sánchez, que forma parte de la organización Women's Link Worldwide, Tania fue excluida del tratamiento de fertilidad en noviembre de 2014. Meses antes, en julio de 2013, el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos habían aprobado una nueva cartera básica del Sistema Nacional de Salud en la que la financiación de la reproducción asistida se ofrecía "por motivos terapéuticos o preventivos".
Esta decisión se fijó en una orden ministerial publicada el 31 de octubre de 2014, en la que se excluyó de los tratamientos de reproducción asistida a las mujeres sin pareja masculina. La inclusión del requisito generó el rechazo de comunidades como Andalucía, Asturias, País Vasco o Islas Canarias y de asociaciones de homosexuales.
