El Pleno del Congreso ha dado luz verde definitiva a la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, tras la aprobación de las enmiendas introducidas en el Senado.
La iniciativa reforma una veintena de leyes, desde el sistema de adopción y acogimiento hasta las pensiones de orfandad, las condiciones de los centros para chicos con trastornos de conducta o el derecho de escucha en los procedimientos judiciales.
La ley prima también el acogimiento familiar frente al residencial y ya no requiere contar con el visto bueno de la familia de origen a la hora de elegir a la de acogida, sino que será la propia administración la que decida, lo que permitirá ahorrar tiempo.
Se reconoce a los menores extranjeros el derecho a todas las prestaciones sociales en igualdad de condiciones que los españoles y se refuerza su derecho a la hora de realizar las pruebas para determinar su edad.
La ley otorga un plazo de seis meses al Ministerio de Justicia para poner en marcha un registro central de delincuentes sexuales, que impedirá que las personas incluidas en el mismo realicen actividades u oficios en las que estén en contacto con menores.
Además, los menores expuestos a una situación de violencia de género serán considerados víctimas, como sus madres, y evita que el asesino pueda cobrar la pensión de viudedad de su víctima.
La modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia aprobada en la tarde de ayer entrará en vigor 20 días después de su publicación en el BOE.
