Una pequeña duerme plácidamente en el sofá de un céntrico piso de Ponteareas a mediodía ajena a que, a pocos metros, su abuelo paterno relata la historia de su vida. Breve, pero intensa. Ver crecer a esa niña sonriente, que cuenta con 22 meses, ha supuesto para el matrimonio que forman José Ramón Iglesias y Adriana Dopazo un duro calvario judicial desde hace casi dos años. Han llegado a refugiarse en otro domicilio para evitar desprenderse de la bebé, nacida en el hospital Xeral de Vigo el 10 de junio de 2012.

A pocos días de nacer la niña, una sentencia ratificó el "inadecuado ejercicio de los deberes de protección por parte de los progenitores", lo que suponía la tutela pública del bebé a cargo de la Xunta. Los padres de la menor habían mostrado un comportamiento "irresponsable" -según consta en el auto- saltándose controles y revisiones, lo que provocó la alarma en los servicios sociales en Vigo. La guarda correspondería por tanto, al hospital primero y, después, al centro Mensajeros de la Paz. Pero los abuelos se hicieron cargo de ella en cuanto se enteraron, recién salido el bebé del hospital y llamados también por los bisabuelos paternos de Marín.

A la vista de lo ocurrido, ahora la Audiencia provincial de Pontevedra revoca aquella declaración de desamparo de la menor por el servicio de Familia y Menores de la Xunta y la deja en manos de la "guarda de hecho" de sus abuelos. Es decir, los abuelos ya están autorizados oficialmente para la guarda de la pequeña, aunque se mantienen a la espera de un posible recurso por parte de la Administración de esta sentencia.

Realmente, ellos son quienes la cuidan desde que tenía solo 17 días ya que se han negado a entregarla. Pero fue precisamente esa postura, poco protocolaria con la Administración, la que les ha costado algún requerimiento -incluso con presencia policial- para solicitarles que entregasen al bebé. "Es nuestra nieta, no hemos robado nada", sostenían en esas situaciones.

En julio de 2012, la familia se escondía en otra casa para eludir la presencia policial y evitar el requerimiento de entregar a la pequeña. Desde entonces, han estado avalando el estado de salud del bebé con informes médicos semanales -según asegura la familia-.

Con la sentencia reciente en la mano que les da la guarda provisional de su nieta, José Ramón Iglesias siente una felicidad a medias. Aún están molestos, explica también Adriana Dopazo, por el asunto del último de los fallos judiciales: la sustracción de la menor, que también quedó archivado en Primera instancia en Ponteareas.

Adriana Dopazo, que solo aventaja en 7 años a la madre biológica de la niña, llegó a diseñar la habitación en la que duerme ahora la pequeña y se dedica diariamente al cuidado de la niña. Asegura que así lo aprobaron incluso los padres biológicos del bebé, que reconocieron ante el juez que al cargo de los abuelos "estaría bien".

La letrada que llevó el procedimiento a esta familia evitó hablar del caso, aunque reconoció que se había "ganado". Del mismo modo, fuentes consultadas de Menores explicaron que la sentencia aún está siendo estudiada por los servicios jurídicos de la Xunta para recurrir -o no- la sentencia ante el órgano competente. Desde Menores manifestaron que no se opusieron a que los abuelos pudieran acoger a la niña, pero sí explicaron que deben de solicitarlo y ser valorados como en el resto de casos.