Los grafitis, considerados por muchos una muestra de arte urbano, se enfrentan a la lucha de las administraciones por evitar el daño al patrimonio cuando esta práctica se extiende a bienes de interés cultural, contra lo que la Fiscalía defiende la implantación de programas educativos.

Granada figura entre las ciudades andaluzas con mayor proliferación de pintadas en su patrimonio, aunque tanto el Ministerio fiscal, especialmente combativo con esta práctica, como la Junta de Andalucía, de quien depende la conservación y mantenimiento de los Bienes de Interés Cultural, coinciden en afirmar que cada vez es mayor la concienciación ciudadana.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, distingue entre los actos de exhibicionismo gráfico, una práctica consistente en la mayoría de los casos en estampar firmas sobre cualquier edificio, lo que está tipificado como falta o delito de daños, y los grafitis que atentan contra bienes de interés cultural.

Objeto de persecución es esta última práctica, que en ciudades como Granada es especialmente combatida por la Unidad Adscrita de Policía Judicial de la Fiscalía Superior de Andalucía.

Esta unidad, que coordina la actuación de las policías y la Guardia Civil contra las pintadas, interviene cuando se produce una agresión al patrimonio, como las que el año pasado llevaron a la Curia de Granada a presentar 21 denuncias por grafitis a edificios protegidos pertenecientes a esta institución.

En Granada fueron documentados el año pasado 74 Bienes de Interés Cultural (BIC) de los que 48 presentaban pintadas, según el informe elaborado entonces por la unidad policial, que recomienda la instalación de cámaras de seguridad en el perímetro de los edificios protegidos, han indicado a Efe fuentes de este organismo.

Estos agentes antigrafitis perciben una mayor concienciación social, consideración que comparte el fiscal superior de Andalucía, para quien las pintadas que atentan contra el patrimonio han perdido ya la "invisibilidad" de la que gozaban hace años.

Denuncia y persecución son las claves en la lucha contra esta práctica, en opinión de García Calderón, que advierte de que el principal escollo a la hora de combatirla no es la falta de coordinación entre las administraciones, sino la "carencia presupuestaria", que provoca que un grafiti en un inmueble protegido permanezca años en la fachada sin ser retirado.

Esa circunstancia debería llevar a hacer una reflexión sobre el destino de las subvenciones culturales, a juicio del fiscal, para quien el cuidado del patrimonio debería ser una prioridad.

"El problema del patrimonio es que las infracciones menores, si no se contabilizan, van produciendo un deterioro que es muchas veces el prólogo para su destrucción, porque ese abandono es la excusa para luego llevar a cabo agresiones mayores al mobiliario", ha indicado el fiscal.

Dado que en muchas ocasiones las pintadas son realizadas por menores, García Calderón aboga por la implantación de programas educativos para que los jóvenes tomen conciencia de que están causando un daño que no es solo el de "ensuciar una pared".

Ésa es precisamente una de las actuaciones impulsadas por la Junta de Andalucía en su lucha contra los grafitis en bienes protegidos, ha explicado a Efe la delegada de Cultura, Ana Gámez.

A través del gabinete pedagógico de Bellas Artes, dependiente de la Delegación de Cultura, la Junta programa actividades dirigidas a los escolares, como charlas con representantes de la Fiscalía para que conozcan la trascendencia del daño al patrimonio y otras iniciativas como rutas por espacios protegidos.