Son más de 15.000 personas en Galicia, la mayoría mujeres, las que se dedican a cuidar a un familiar enfermo. Gobierno y comunidades autónomas consensuaron ayer modificaciones en la Ley de Dependencia que suponen un cambio de filosofía en la aplicación de esta normativa, con recortes en prestaciones y unificación de criterios entre las autonomías. La reducción en las pagas de los cuidadores será de un 15%, de modo que los que perciban 400 euros mensuales percibirán a partir de ahora 340 y los que se aproximen a 600 se quedarán con algo más de 500 euros, como referencia. Además, los que se incorporen al sistema a partir de ahora no podrán cotizar a la Seguridad Social.
Los que ya están dentro del sistema, unos 9.000 cuidadores en Galicia que forman parte del régimen especial creado para este colectivo porque es su única actividad laboral (los demás combinan el cuidado de un familiar con otro trabajo), podrán seguir cotizando. Pero la crisis cierra el grifo de la cotización a los que lleguen a partir de ahora y con una paga un 15% menor a la que se aportó en el país hasta ahora. Exigirá a los que se incorporen "unos conocimientos mínimos" para concederles la asignación.
Es uno de los puntos de la propuesta de reforma de la Ley de Dependencia que ayer planteó la ministra de Sanidad, Ana Mato, a los responsables de las comunidades autónomas en una reunión de cuatro horas y que este viernes llevará al Consejo de Ministros. Con este cambio de rumbo, el Estado quiere premiar a las comunidades que apuesten más por los servicios profesionales, con la atención de los dependientes en residencias o centros de día, que por el familiar cuidador. "Pretende fomentar las prestaciones a los servicios frente a las pagas al cuidador, priorizando y ponderando económicamente a las comunidades que den más servicios que pagas. Más de un 60% de las prestaciones en Galicia ya son en residencias, centros de día y otros servicios", expresó ayer la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato al finalizar el encuentro en Madrid. De hecho, el Gobierno cambiará el criterio de asignación del dinero estatal a las comunidades: si hasta ahora recibían más las que mayor número de usuarios tenía y con una gravedad mayor, con la reforma se tendrá en cuenta también la gestión que cada comunidad haga de su red de servicios (guardando el 10% de la financiación para repartir entras las autonomías con mayor atención en residencias y centros).
"La dependencia hasta ahora era insostenible y necesitaba un cambio urgente", expresó la ministra de Sanidad al término del encuentro, quien apuntó que el sistema estaba "colapsado", con más de 300.000 personas en lista de espera. Esta reforma introduce también más elementos de copago, más allá de la renta, de modo que se tendrá en cuenta la vivienda y el patrimonio para calcular la aportación de cada dependiente (sin que suponga más de un 5% de los bienes). El real decreto que modifica las aportaciones, incluye a los colecivos con discapacidad en el copago, que hasta ahora estaban exentos. La conselleira gallega destacó que es una reforma "difícil pero necesaria" y añadió que agilizará la incorporación de dependientes, si bien "en el corto plazo no podrán entrar todos".
Los menos graves tendrán que esperar a 2015
Uno de los principales cambios en la ley, con la reforma que ultima el Ministerio de Sanidad, es la simplificación de los tramos. A partir de ahora solo habrá dependientes de grado 3 (mayor gravedad), 2 y 1 (moderados). Hasta ahora cada uno de estos escalones tenía dos niveles, lo que complicaba el esquema de espera e incorporación al sistema. Se mantendrá el calendario para los valorados como grado 3 y 2 y, en cuanto a los leves (grado 1), se aplazará su incorporación para percibir la ayuda al menos hasta 2015, debido a la situación económica que vive el país. "Mientras tanto, serán atendidos en la red de servicios sociales", indicó la ministra de Sanidad.
Sin subidas para rentas menores de 532 euros
En cuanto al real decreto que revisará al alza el copago de los usuarios, el Gobierno había propuesto que empezaran a pagar por los servicios quienes ganasen a partir de un 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532 euros al mes para 2012. Finalmente, quienes ingresen menos de esta mensualidad estarán exentos de copago.
Tener en cuenta la vivienda habitual para calcular la capacidad económica del dependiente que solicite una plaza residencial, supone que su aportación no sólo se calculará en base a sus ingresos, como hasta ahora, sino también de su patrimonio. Fuentes de Sanidad indicaron que las comunidades que tengan reconocimiento de deuda (el dependiente responde con su casa del importe que le corresponda pagar por la residencia) podrán aplicarlo.
