El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentó este viernes ante el Consejo de Ministros un informe que desveló que, hasta ahora, salieron víctimas del terrorismo en España un total de 9.522 personas, de las que 1.382 fallecieron. Además el importe de las indemnizaciones superó los 722 millones.

Rubalcaba se pondrá en contacto "en los próximos días" con todas las fuerzas políticas para negociar un texto, una vez que su Departamento ya cerrado una extensa ronda de contactos con las asociaciones de víctimas. Según indica, la protección a las víctimas fue "una de las preocupaciones fundamentales" del Estado, por lo que el Gobierno está elaborando una nueva ley integral de víctimas del terrorismo que unifique en un solo texto toda legislación sobre la protección e indemnizaciones.

Con motivo del sexto aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid el próximo jueves, el ministro del Interior trasladó al ejecutivo el informe sobre la situación de las víctimas en España. Donde hay 9.522 víctimas de terrorismo de las que 1.382 murieron y recibieron 722 millones en indemnizaciones. Rubalcaba reconoció que el terrorismo es "la lacra con la que he tenido que convivir España desde la restauración democrática".

Su objetivo es tramitar esta ley integral como Proposición de Ley en las Cortes Generales durante este periodo de sesiones y tenerla finalizada este mismo año para aprobar en el primer semestre de 2011 el futuro Reglamento de la Ley. De esta manera, los planos de solicitudes de ayudas podrían estar abiertos a fanales del próximo año.

Algunos de los puntos fundamentales que recogerá esta ley serán la unificación de todas las indemnizaciones y la inclusión de todas las prestaciones complementarias. Además, incrementará la sociedad con las víctimas a través de un aumento cuantitativo de las prestaciones y con una aplicación retroactiva para aquellas personas que hayan recibido menos de la cantidad prevista en la nueva ley.

El texto también establecerá un baremo que determine la cuantía de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado fijada en sentencia judicial y protegerá a las víctimas tanto de actos de ostentación pública del terrorismo como de noticias o publicidad que pueda afectar a su sensibilidad.

De la Vega defendió que dignificar a las víctimas del terrorismo no es solo una obligación para todo gobierno sino que constituye además un "imperativo legal" para la sociedad. "Es un deber por todos compartido de ayudar y proteger a quienes sufren de manera tan directa el zarpazo de la violencia con la que el terrorismo ataca a toda la sociedad", enfatizó.

Según garantizó, el Estado mientras tanto siguió persiguiendo a los violentos y a todos quienes les apoyan gracias a "toda fuerza" del Estado de Derecho, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la cooperación internacional "que tan buenos resultados está procurando". "Cada día está más cerca el final y no vamos a cejar en ese esfuerzo, porque no se puede hacer mejor homenaje a las víctimas del terrorismo que acabar con los violentos".