Las setas son uno de los productos más codiciados y valiosos para los amantes de la buena mesa. Y además, son gratis. Una filosofía que irrita a los propietarios forestales y a la que la Xunta quiere poner límites. La Consellería de Medio Rural está decidida a regular las mareas de seteros que durante el otoño y el invierno, especialmente los fines de semana, acuden a los montes gallegos para recoger níscalos, boletos o cantarelas.
Aunque de momento sólo es un borrador, la idea del Gobierno gallego es comenzar a cobrar por la recolección de setas, como ya han hecho otras comunidades y comarcas españolas. Con todo, esta actividad no estaría controlada en todo el monte gallego, sino sólo en los terrenos que se delimiten como cotos micológicos, sea en montes comunales o privados, de un modo similar al de la caza o la pesca.
Crear permisos y licencias para los recolectores, establecer tarifas para ellos que varíen en función de su lugar de residencia o del uso que se le den a los hongos, restringir la recolección a los propietarios o vecinos de la zona del coto o incluso dejar en manos de los propietarios de los montes la posibilidad de cobrar y sancionar a los seteros. Son algunas de las fórmulas que Medio Rural tiene sobre la mesa para comenzar a regular un sector que podría generar millones de euros. Aunque desde la Xunta nunca se ha hecho un estudio detallado sobre la capacidad productiva de la micología en la comunidad, la Asociación Forestal (en la que se agrupan miles de propietarios forestales gallegos) estima que el negocio de las setas mueve cada año en la comunidad 12 millones de euros, aunque algunas empresas del sector calculan que, si comienza a regularse, se podrían alcanzar los 30 millones de euros anuales.
Medidas de control
Las medidas de control de la recogida de setas se incluirán en la futura ley de montes, una norma que el conselleiro, Samuel Juárez, prometió aprobar durante esta legislatura. De momento, el texto está en la fase de redacción y negociación con el sector forestal, por lo que desde la Xunta prefieren no aventurar qué modelo de regulación adoptará. Sin embargo, no le faltan ejemplos en los que inspirarse, pues en otras zonas de España ya hace años que los recursos micológicos están controlados por la Administración.
En Soria, ya en los años 90 las autoridades delimitaron una zona de 60.000 hectáreas de monte público en las que es obligatorio sacar un carné para poder recoger setas allí. El permiso cuesta entre 3 y 60 euros al año para los vecinos y entre 180 y 240 para los que no residan en la zona, según el uso que le den a las setas (si tiene fines comerciales es más caro). En Cataluña tienen un sistema similar, pero no sólo en montes comunales, sino también en los particulares: parte de lo que se recauda con los permisos del coto micológico revierte en los propietarios forestales. En Valencia, además de los permisos, desde 1996 se puede multar a todo el que recoja más de seis kilos de setas por persona y día, o a los seteros que remuevan el suelo con rastrillos o azadas. En esta línea, en Navarra no se cobra por carnés, sino por el paso en determinadas sendas forestales, en las que trabajan guardias que aconsejan a los seteros sobre los métodos y las zonas de recogida.
Y es que el objetivo de la Xunta no es sólo regular el sector para sacarle rendimiento económico, sino también asegurarse la continuidad de estos cultivos en el monte gallego, sobreexplotados y mal recogidos en muchos casos. Cientos de familias gallegas, sobre todo en la provincia de Ourense, tienen en las setas una de sus principales fuentes de ingreso. Durante la temporada de otoño, recogen kilos y kilos de hongos en montes propios o ajenos sin ningún control, para vendérselos luego a las empresas exportadoras o a los intermediarios con los que contactan año tras año.
