Lo intentaron dos veces. Dos citas oficiales con la nueva conselleira de Sanidade. La primera, el 24 de septiembre, la segunda, el pasado 2 de octubre. En el último momento, Pilar Farjas aplazó los encuentros por "compromisos ineludibles". Cansados ya del silencio del departamento, todas las asociaciones que trabajan en el apoyo de los toxicómanos en Galicia se han puesto en pie de guerra y amenazan a la Xunta con "duras protestas" si en una semana nadie se sienta con ellas a explicar por qué se ha "desmantelado" el Plan de Drogas de Galicia.

Los populares decidieron darle la vuelta a la atención a la drogodependencia en Galicia tras ganar las elecciones. El área estaba desde su creación, hace 20 años, bajo la tutela de una subdirección xeral que dependía directamente del secretario xeral del Sergas. El nuevo organigrama, aprobado el pasado junio y que adelantó FARO, la partió en dos. Por un lado quedó un servicio de Drogodependencias, unido con el resto de trastornos adictivos; y por otro, vinculado a Xestión Sociosanitaria e Saúde Mental, la coordinación con los centros de apoyo a los enfermos y los proyectos de reinserción.

La Federación de Asociacións de Axuda ó Drogodependente recuerdan que el Plan de Drogas de Galicia era "pionero" en toda España y "si no el mejor, uno de los mejores, como reconocen la mayoría de expertos en la materia, incluso a nivel de la UE". Los 450 profesionales vinculados a la atención a la toxicomanía en Galicia reclaman a Sanidade que se restablezca "tal y como estaba estructurado". Dicen que están "perdidos", que no tienen ningún interlocutor al que dirigirse en la Administración gallega para resolver el día a día de la gestión. Es otra de sus reivindicaciones, junto a la "garantía" de que los convenios con las asociaciones y los presupuestos se prorroguen –Sanidade tiene concertada con ellos la gestión del servicio– y muestran su disposición a abrir una mesa de seguimiento para valorar cualquier "mejora" en el plan.

Aunque tienen el compromiso del presidente de la Xunta de que recibirán la misma partida el próximo año, las ONG se preguntan qué pasará en el futuro y arremeten contra la "desmantelación" del servicio, del que dependen actualmente 13.000 toxicómanos gallegos.