José María M.M. fue detenido en Castro del Río (Córdoba) en noviembre de 2007, después de que dos agentes de la Policía abordaran a un menor en el momento de entregar a un comprador cuatro papelinas de cocaína.
Según quedó probado en el juicio, José María M.M. envió al joven a entregar la droga que un consumidor le había pedido por teléfono, al no querer éste ir a su casa a recogerla.
El imputado fue condenado por estos hechos a cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública, pero la sentencia fue recurrida por el fiscal al considerar que debería habérsele aplicado además el agravante previsto por ley para los casos en que haya una utilización de menores en la comisión del delito.
El Tribunal Supremo, sin embargo, ha rechazado aplicar este agravante, alegando que el menor, que ya ha estado imputado en al menos diez procedimientos por infracciones penales de distinto tipo, acudió voluntariamente a la llamada del procesado para transportar la droga, por lo que su función no era la de "medio a disposición de una estrategia ajena", sino la de colaborador.
Por ello, el alto tribunal ha estimado que no puede considerarse que haya habido una "utilización" del joven, resaltando que el agravante solicitado por el fiscal "no puede comprender todos los casos en los que exista intervención de un sujeto que no haya alcanzado la mayoría de edad".
Así, según la sentencia, este supuesto sólo sería aplicable en los casos en que el autor se sirva de un menor o un disminuido psíquico de modo abusivo, aprovechándose de una situación de poder o prevalencia.
Por el contrario, el fiscal argumentaba en su recurso que siempre que un menor interviene en un delito sufre "un importante riesgo en tanto se perjudica seriamente la formación de su personalidad" porque puede "sentirse estimulado para repetir en el futuro actos de similar naturaleza".
Añadía que, aunque el menor comprenda lo que está haciendo, "no tiene por qué tener entendimiento de lo que significa".
