eFE Madrid
La Ley del Tabaco cumple el próximo 1 de enero su tercer año de vigencia con prácticamente un estancamiento en las ventas de cigarrillos, ya que, a 30 de noviembre de 2008, se han vendido tan sólo 185.479 cajetillas menos que en el mismo periodo del año anterior.
Según datos del Comisionado Nacional del Tabaco, hasta el 30 de noviembre de este año se vendieron en España 4.119,1 millones de cajetillas de cigarrillos, frente a las 4.119,2 del año anterior. A fecha de 30 de diciembre de 2006, el año en el que entró en vigor la Ley, se vendieron 130 millones de cajetillas menos que en 2005 y en 2007 49 millones de cajetillas menos que en 2006.
Las ventas se han incrementado este año en ocho comunidades autónomas: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, Asturias, Madrid, Extremadura y La Rioja (por orden de cuantía de esos incrementos). Por el contrario, han bajado en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, País Vasco y Andalucía, mientras que en Cantabria han permanecido estables.
No coincide este mapa de ventas con el de los diferentes desarrollos de la ley que han realizado las comunidades autónomas, cuatro de los cuales (Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, La Rioja y Castilla y León) fueron recurridos por el Ministerio de Sanidad al considerar que rebajaban el nivel de exigencia de la norma. Se encuentran recurridos en el Tribunal Supremo los decretos de la Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla-León.
En Castilla y León, tanto la Junta como el Ministerio recurrieron la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló parcialmente la normativa autonómica. También recurrió Sanidad la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en mayo pasado rechazó las objeciones del Ministerio a varios puntos de la ley referidos a la obligación de separar físicamente los espacios de fumadores. Igualmente, el Gobierno de La Rioja recurrió ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que, en este caso, dio la razón a Sanidad y anuló varios artículos de la norma, mientras en Madrid el Tribunal Superior emitió en 2007 un auto que anulaba la suspensión cautelar del decreto pero aún no ha dictado sentencia.
