Colgados en las clases de muchos colegios públicos, hasta ahora los crucifijos no habían pasado de ser un símbolo más al que apenas se prestaba atención. Sin embargo, la sentencia de un juzgado de Valladolid en la que se obliga a un centro a retirarlos de sus aulas (en la primera sentencia sobre este asunto que se emite en España), les ha puesto en el centro del debate político.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, expresó ayer el respeto de su formación por la decisión judicial, pero afirmó que los crucifijos no "molestan" ni al PP ni a "la inmensa mayoría de los españoles". "Aunque España es un Estado aconfesional, la Constitución reconoce un papel a la Iglesia católica, que es la confesión mayoritaria de los españoles", insistió Cospedal. Totalmente en contra se mostró el vicesecretario del PSOE, José Blanco, que afirmó ayer que "en los colegios públicos no debe haber crucifijos porque hay que respetar las creencias de todo el mundo. Y se lo dice un creyente", afirmó.

El cardenal y arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, opinó por su parte que la erradicación de un signo tan arraigado en la cultura española como el crucifijo, "no favorece la convivencia" que se construye con el respeto. Para el cardenal de Sevilla "lo importante es que se eduque a los niños y niñas de Valladolid a respetar los signos religiosos, de cualquier religión".

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, apostó por respetar la "autonomía" de cada centro para decidir sobre la presencia o retirada de los símbolos religiosos de los colegios públicos, puesto que "son los que mejor conocen qué tipo de alumnos tienen y qué piensan los padres". Añadió que, tras la Ley Orgánica de Educación y la Constitución, hubo un proceso "muy generalizado" y "absolutamente lógico" de retirada de símbolos que se produjo "con toda normalidad", que vinculó a "los principios constitucionales" ya que la población es cada vez más heterogénea".

En similares términos se manifestó la conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, afirmó que hasta ahora han sido los centros, a través de sus consejos escolares, los que han solicitado los cambios relacionados con nombres vinculados al régimen franquista. "En la misma medida podría aplicarse para este tipo de símbolos (religiosos)", aseveró.