Los profesores exigen "formación" frente a la violencia en las aulas

Resolver los conflictos y la violencia en las aulas. Este es el principal objetivo que los profesores españoles pretenden lograr mediante una "formación específica" que exigen que les proporcione el Gobierno. Creen que con esta iniciativa podrán enfrentarse, además, a los fenómenos de multiculturalidad, el uso de nuevas tecnologías y la relación con los padres de sus alumnos.

Estas conclusiones fueron extraídas de un estudio realizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y la Obra Social de Caja Madrid que se llevó a cabo entre abril y mayo de 2007 por diez grupos de docentes. Según informó ayer el director técnico de la FAD, Eugenio Megías, los profesores se sienten "desorientados y poco capacitados para hacer frente a las nuevas realidades educativas y a una sociedad cambiante".

El coordinador del estudio destacó también el giro que ha sufrido la figura del profesor, que "ha sido sustituida por la de instructor responsable", identificado más como funcionario y que "ha perdido el reconocimiento de los ciudadanos".

De la investigación se desprende que la sociedad desprecia y desvaloriza la tarea educativa a pesar de los discursos en defensa de una enseñanza de calidad. De esta manera, se delega en la institución escolar la función de educar, mientras la familia y la sociedad exigen al profesorado esta capacitación.

Los maestros consideran, además, que los políticos utilizan la instrucción como "arma electoral", lo que no propicia la estabilidad de los modelos educativos. A este respecto, el director general de la FAD, Ignacio Calderón, destacó que las reformas en materia de educación tienen una "difícil" puesta en marcha en una sociedad en la que "el corto plazo no es lo importante".

Por otro lado, Eugenio Megías puntualizó que los profesores, en la mayoría de los casos, "defienden el modelo de enseñanza pública y añaden que los centros privados responden a una lógica empresarial con la que reducen costes y recursos". Sin embargo, creen que existen determinados aspectos positivos en este modelo de enseñanza que deberían trasladarse a la pública. En este sentido, reclaman una gestión profesionalizada de los centros que evitaría el riesgo de acomodación y conformismo que sufren estos espacios educativos.