El 50% de los parques infantiles de Galicia incumple en alguna medida el decreto de seguridad que los regula, que entrará en vigor el próximo 10 de mayo y será de "obligado cumplimiento", aseguró hoy el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de A Coruña (Coeticor), Edmundo Varela.

El decreto 245/2003 estableció una moratoria de cinco años para que los ayuntamientos y titulares de las cerca de 2.500 áreas infantiles existentes en Galicia se adaptasen a la norma, pero en este tiempo sólo entre el 20% y el 50%, según las zonas, se ha adaptado completamente, según se desprende del estudio de situación realizado por Coeticor en este último lustro.

Las cifras son dispares en el cumplimiento, ya que si bien desde este colegio profesional se establece una media del 50% de incumplimiento, este porcentaje disminuye considerablemente si se trata de grandes ciudades, donde el diagnóstico establece que entre el 80% y el 90% está "en buenas condiciones", pero no así en las zonas rurales o pequeños ayuntamientos.

Varela explicó que el decreto no recoge ninguna sanción aplicable a los ayuntamientos que incumplan este reglamento, pero el problema, argumentó, puede venir "en caso de accidente en una de estas áreas, ya que ahí la responsabilidad patrimonial o penal recaería en el titular de ese parque, al estar incumpliendo un reglamento en vigor", subrayó.

En este sentido, uno de los déficit más destacados de estas zonas de juego infantiles es el vallado inadecuado, la mala señalización y el suelo no adaptado a las normas de protección de caída, unos incumplimientos que no sólo se dan en los parques ya existentes, sino que se han detectado pliegos de condiciones de áreas de nueva creación que no recogen las normas de este decreto.

Por esta razón, desde Coeticor se solicitará a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) y Vicepresidencia una reunión para, en primer lugar, pedir una prórroga de dos años para que los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, puedan adaptarse y, en segundo lugar, establecer convenios con la Fegamp para prestar asistencia técnica y formativa a los municipios.

Además, Varela apostó por que sean las diputaciones o incluso Vicepresidencia las que se hagan cargo de las áreas de juego de los ayuntamientos más pequeños que "son los que más dificultades presentan", sobre todo en el "mantenimiento", uno de los principales obstáculos.

En este punto, incidió Varela en el problema del vandalismo, que provoca que gobiernos locales con pequeños recursos no puedan hacer frente al arreglo constante de estas zonas y tampoco a las adaptaciones al reglamento, cuyo coste puede oscilar entre 6.000 y 12.000 euros de medio, cantidad que se reduce en los más pequeños.

Varela alertó también contra las llamadas áreas biosaludables, de las que dijo que "muchas son de dudosa legalidad" y que merecerían una mayor vigilancia por parte de la Administración, porque "pueden resultar perjudiciales para nuestros mayores", si no existe una regulación de los mecanismos instalados en estos recintos.