Protegerse en época de coronavirus también implica ciberseguridad. Se trata de una lección en la que ayer incidieron desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), preocupado por los escasos recursos con los que cuentan las comisarías gallegas para hacer frente al incremento de delitos telemáticos, disparados tras el confinamiento. "Con el aislamiento la delincuencia descendió de forma sustancial por la limitación de movilidad, pero este fue unido a un mayor uso de internet. En este escenario, el incremento de delitos fue exponencial", advirtió Roberto González, secretario general del SUP en Galicia.
En lo que va de 2020, la Policía Nacional registró en Pontevedra cerca de 600 denuncias relacionadas con delitos en la red, que ascienden a 6.000 en el conjunto de Galicia. "Entre junio y septiembre las denuncias por delitos telemáticos se duplicaron en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto nos lleva a que la Policía deba adaptarse a la nueva realidad en un contexto en el que aumenta el comercio electrónico y en el que el teletrabajo es esencial. A más uso de la red, más posibilidades de que se produzcan delitos tecnológicos", detalló González. Por ello, desde el sindicato demandan más recursos con los que poder hacer frente al auge de estafas y fraudes en internet, así como también la especialización de los agentes que se encargan de las investigaciones.
En Pontevedra, son cinco los policías que se llevan enfrentando estos meses a los delitos en la red, una función que asumen con dedicación parcial ya que no son los únicos hechos que se les asignan. Tan solo en las comisarías de Vigo, Ourense y A Coruña hay agentes que asumen este tipo de investigaciones de forma exclusiva, pero en ninguna se llega a la decena. En otras, como Marín o Vilagarcía, no hay directamente quien lleve los casos. "Cuando una persona acude a una dependencia por un cargo en su tarjeta lo que espera de nosotros es que abramos una investigación y se esclarezcan esos hechos, pero nos vemos desbordados", reconoció el representante del SUP.
Entre sus demandas, más personal especializado y un protocolo para saber cómo actuar ante los delitos en la red. "El número que planteamos es que en todas las comisarías haya un grupo especializado en función del volumen de delitos. Con estos datos, 6.000 denuncias en 2020, es imposible que los funcionarios con los que contamos puedan llevar a efectos una investigación", concretó González. "Lo que pedimos es una especialización de las funciones: que los agentes estén catalogados, cuenten con un complemento específico y con una formación".
Curso de ciberseguridad
Para paliar las carencias en materia de ciberseguridad, el sindicato presentó ayer un curso de formación para todo el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "El objetivo es garantizar unos conocimientos mínimos tanto para que los funcionarios implementen en sus rutinas diarias como para que si un ciudadano le habla sobre ello, sepan a qué delito pueden estar respondiendo", explicó Arán Feijoo, responsable de Cyber Security, empresa que impartirá la formación. "Por ejemplo, ante un 'troyano', un virus que te roba información en el ordenador, a veces la respuesta no es tan rápida como cuando alguien va a denunciar un robo en una cafetería. Ahí enseguida saben hacer el procedimiento", ilustró
"Hay una gran carencia entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de ciberseguridad. Todo el mundo sabe lo que es un robo, pero nadie sabe lo que es un 'phishing', cuando te cargan a tu tarjeta una cantidad mensual tras recibir un correo malicioso. La formación, a nivel general, no es suficiente", lamentó el experto en seguridad digital.
A partir del 20 de octubre, hasta un centenar de agentes podrán formarse en funciones básicas de ciberseguridad y la detección de infracciones en la red a través del curso, que tendrá una duración de 20 horas lectivas. Hasta el 3 de noviembre, cuando tendrá lugar un taller práctico al cierre del curso, los agentes tendrán acceso a las herramientas y programas con los que un usuario puede protegerse de ataques en la red.
El objetivo, en palabras del representante del SUP, es paliar las carencias que ha evidenciado la pandemia. "Con la instalación del teletrabajo, por ejemplo, se requiere un mayor uso de información laboral y de ficheros de datos. Al final no hablamos solo de estafas, phishing o incluso de sexting con menores, sino también del robo de datos personales. Eso también es un delito", concluyó Roberto González.
Correos fraudulentos, los más habituales
Un supuesto correo electrónico de parte del banco, de una empresa de reparto o de un organismo público son las tres formas más habituales con las que los ciberdelincuentes se hacen con las tarjetas bancarias de sus víctimas, una estafa conocida como 'phishing'. "Se trata de un correo malicioso que altera el dominio de la red y engaña al usuario con una url falsa para suplantar la identidad de un organismo o una empresa. Lo más común es recibir correos que solicitan un pago para desbloquear una tarjeta de crédito, recibir un paquete o pagar una multa", explicó Roberto González. "Lo que recomendamos es no aportar nunca los datos personales o bancarios y actuar igual que en la vía pública cuando un desconocido solicita información personal. Si hay que hacer un pago a través de una página web, que veriquen que es auténtica y que usen un medio de pago garantizado y seguro", insistió.
Otro de los casos más comunes son los cargos fraudulentos, más difíciles de perseguir. "Son importes que muchas veces son previamente autorizados por el usuario, en las condiciones de aceptación de un servicio, en esa letra pequeña que no leemos. Él no es consciente de la autorización, pero existe, y entonces no es delito".
Por último, el representante del SUP resaltó la importancia de concienciar sobre la vigilancia a los menores frente al uso de internet, que pueden ser objeto de sexting o ciberbullying, ante lo que pide la implicación de los padres.
