Con los votos a favor del BNG, Psoe y del concejal no adscrito, Goyo Revenga, el gobierno local logró sacar adelante ayer en la sesión plenaria la nueva Ordenanza de Movilidad que reforzará el carácter peatonal de la ciudad y regulará el uso de los espacios públicos. Así, ateniéndose al nuevo reglamento, todos los espacios públicos municipales pasarán a tener preferencia peatonal, excepto los reservados expresamente para los vehículos motorizados, caso en el que estos deberán adaptar su velocidad .
Dicha ordenanza establece una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora para todo el municipio y se reduce a 10 kilómetros por hora en el casco histórico y en zonas de plataforma única. Como novedad, se introducen también normas para patinetes eléctricos.
Otros de los aspectos destacables de la nueva ordenanza son los relativos a las pistas del rural, puesto que pasarán a ser consideradas como áreas de preferencia peatonal, de manera que todos los vehículos, bicicletas y patinetes, tan solo podrán circular por la calzada, mientras que en las zonas de plataforma única deberán adaptar su velocidad al paso de los peatones.
Ante estas disposiciones, la única excepción será la de los menores de 12 años, así como las personas que vayan en silla de ruedas motorizadas, los vehículos de emergencia o de servicios públicos esenciales. En palabras de César Mosquera, "tan só se está poñendo por escrito o que xa se viña practicando até o de agora na cidade".
Ordenanza "discriminatoria"
El único grupo político que se posicionó en contra de la aprobación del nuevo reglamento fue el Partido Popular, que justificó su voto alegando que se trata de un texto "discriminatorio" para las personas con discapacidad. En este sentido, el concejal Pablo Fernández, criticó que el gobierno local "non ten en conta a ampla contestación da sociedade pontevedresa en contra desta ordenanza", en alusión a los diferentes colectivos de personas con discapacidad de la ciudad.
El concejal popular aseguró que la nueva ordenanza es "extemporánea"y que "non fomenta unha rede inclusiva na cidade", en referencia a la limitación de 24 horas de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Fernández insistió en que se trata de un documento "obsoleto, que van ter que modificar".
Otro de los puntos que generó controversia en el Pleno municipal fue la moción presentada por el PP local en relación a la elaboración y aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y cuadro de personal del Concello de Pontevedra. En esta ocasión, fue la popular Pepa Pardo la que defendió la necesidad de llevar a cabo "una RPT en condiciones, porque los ciudadanos y los trabajadores municipales se lo merecen. Se merecen que continúen las negociaciones que tantos años ha durado".
Dicha propuesta fue rechazada por el BNG y el PSOE, al entender que en la situación actual de emergencia sanitaria derivada de la Covid, existen "outras prioridades antes que a subida salarial dos funcionarios do Concello". En este sentido, Carmen Fouces señaló que "no seu momento houbo sobre a mesa unha importante subida salarial que finalmente as forzas sindicais maioritarias decidiron non aprobar. A aparición da Covid mudou a orde de prioridades e obrigou a reformular as axendas. Enténdese a frustración, pero ese tren xa pasou, e a súa aprobación nestes momentos de incerteza non sería normal".
Como momento destacado de la sesión, cabe hacer mención a la toma de posesión de Marcos Rey como concejal de Benestar Social del Concello de Pontevedra. Rey asume así el cargo delegado por la ex edil socialista Paloma Castro.
