La Audiencia Provincial de Pontevedra concluyó esta mañana que Ángel Martínez Pérez "Lito", conocido como el "rey de las orquestas" por el control que tenía sobre este sector en toda Galicia, tiene "capacidad de comprensión" suficiente y "es capaz de participar en su defensa" por lo que puede someterse al juicio por fraude fiscal por el que está acusado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

De hecho, la Audiencia Provincial de Pontevedra dedicó esta mañana gran parte de la primera sesión del juicio a resolver, en las cuestiones previas, si el estado de salud de Ángel Martínez Pérez le permitía someterse con todas las garantías a este proceso judicial. Tras la declaración de una forense psicóloga del Imelga, la Audiencia se decantó por las tesis que defiende la Fiscalía, quien señaló en todo momento que la capacidad de comprensión del acusado "está intacta" a pesar de que se le ha detectado una patología neurológica degenerativa.

La defensa formuló protesta ante esta decisión al entender que el estado salud de Martínez Pérez ha empeorado de forma significativa en los últimos años, de tal forma que participar en este juicio con las limitaciones psíquicas que tiene actualmente vulneraría su derecho de defensa. De hecho, explicó que está en marcha en un juzgado de Pontevedra un proceso de incapacitación civil: "Si se señala en los informes que es incapaz de manejar una cafetera, ¿cómo va a ser capaz de participar en un proceso penal complejo como éste?", afirmó el abogado defensor, Carlos Seoane.

En cualquier caso, la Audiencia decretó que el juicio siga adelante. Tras manifestar el acusado su deseo de acogerse a su derecho a no declarar "puesto que no estoy preparado, no estoy en condiciones", la vista oral continuará el jueves con el interrogatorio al representante legal de Representaciones Lito. Cabe recordar que este juicio debe determinar si esta empresa, de la que Ángel Martínez era máximo accionista, ocultó a Hacienda 26 y 24 millones de facturación en los ejercicios de 2011 y 2012, defraudando así una cantidad cercana a los 9 millones de euros. La Audiencia Provincial había condenado en su día a Ángel Martínez a 12 años de prisión por estos hechos, pero el Supremo anuló la sentencia y obligó a repetir el juicio al entender que la empresa debía tener su propia representación legal en el proceso, que hasta entonces coincidía con la del acusado.