Diputados y senadores del PP de Pontevedra pidieron ayer al Gobierno central que rectifique y vuelva al consenso del municipalismo con la paralización del Real Decreto de los remanentes municipales. "Queremos que no se convalide, pero también que se busque una alternativa y solución para que los recursos lleguen a los ayuntamientos", explicó la diputada María Ramallo, quien defendió además que "el dinero de cada ayuntamiento debe gastarse en cada ayuntamiento, y lo de la provincia en cada provincia".

En una rueda de prensa, celebrada ayer en la sede provincial del partido en Pontevedra, y en la que también estuvieron presentes los diputados Javier Bas y Diego Gago, así como los senadores Elena Muñoz y Javier Guerra, y el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, Ramallo indicó que esta medida es "perjudicial" para la financiación de los ayuntamientos.

En este sentido, la también alcaldesa de Marín señaló que "en los ayuntamientos fuimos prudentes para mantener una situación económica equilibrada, y por delante vamos a tener muchos desafíos. Vamos a tener menores ingresos, no se podrán tocar los tributos durante años por la situación de crisis económica y social, y tendremos que mantener y atender todas las necesidades sociales, lo que supone más gasto".

Medida "injusta"

Los representantes del PP provincial recordaron que esta semana es crucial para paralizar este real decreto, ya que no solo se vota en el Congreso el jueves, sino que mañana se debate en el Senado una moción de los populares para que paralicen "este chantaje a los ayuntamientos".

María Ramallo también cuestionó el fondo de 5.000 millones del real decreto, denunciando que los ayuntamientos tengan que entregar sus remanentes de tesorería a cambio de poder acceder. "Si no los entregas, no tienes ayuda. Y si no tienes remanentes, tampoco hay ayuda", criticó. Se trata, por lo tanto, "de una medida tremendamente injusta, que cuenta con la oposición unánime de todas las formaciones políticas".

Lo que piden los ayuntamientos, añadió, es que "haya un fondo especial, como lo hubo para las comunidades autónomas, sea cuál sea la situación de cada entidad local. Y se valoren las opciones para que los ayuntamientos que tienen remanentes podan invertirlos".

Por su parte, Elena Muñoz dijo que el real decreto "es una imposición del PSOE que se aleja del consenso que había".