El frente de alcaldes que se opone al decreto del Ministerio de Hacienda sobre el uso de los remanentes municipales y el techo de gasto se amplía. Una treintena de regidores se reunieron ayer de forma telemática, entre ellos el de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que se mantiene firme en esta "causa común" para pedir que no se apruebe un decreto que el nacionalista considera "injusto y discriminatorio".
Lores reconoció que, aunque había mayoría de regidores del PP, en la reunión participaron representantes de un amplio espectro político de todo el territorio estatal: Barcelona, Torrelavega, Telde, Ourense, Pamplona, Lleida, Granada, Valencia o Cádiz forman parte de esta lista que incluyen alcaldes de formaciones nacionalistas como ERC o el propio BNG a candidaturas independientes o a formaciones como Barcelona en Comú, el Partido Regionalista de Cantabria, Compromís o Ciudadanos.
"Incautación en toda regla"
En este sentido, Lores fue muy claro al expresar que (ante las evidentes diferencias políticas en otros muchos aspectos, incluso en clave municipal, que separan a estos alcaldes), la reunión se centró únicamente en aquello que los une y que es su oposición al decreto que plantea actualmente el Ministerio para el uso de estos remanentes y el techo de gasto de los Concellos. Un decreto que Lores sigue calificando como "incautación en toda regla" de los fondos municipales. Estos 31 alcaldes acordaron reclamar un nuevo decreto por tramitación urgente toda vez que fracasaron los intentos de negociación tanto con la ministra de Hacienda como a través de la FEMP.
Según explicó Lores, este nuevo decreto debería recoger, fundamentalmente, dos cuestiones: La primera la creación de un fondo municipal para repartir entre los Concellos para los gastos extraordinarios ocasionados por la Covid-19 y que no tenga en cuenta la situación financiera de cada uno de ellos. Algo similar a lo que ocurre con las comunidades autónomas que sí reciben fondos independientemente de que hayan tenido incumplimientos en las reglas de gasto. Para Lores es "indudable que todos los concellos", tanto los que se han ajustado al gasto como los que no, han tenido que hacer frente a nuevas cargas económicas como consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, cree que sería discriminatorio que solo pudieran recibir fondos en aquellos que no incumplieron la polémica Ley Montoro,
La segunda es una petición expresa para, mientras dure la actuación situación de crisis sanitaria, "no se aplique la ley Montoro" en aquellos apartados en lo que respeta a la regla de gasto, el déficit y la estabilidad de tal forma que no se impida a los ayuntamientos disponer de liquidez y recursos económicos para afrontar las necesidades surgidas de la pandemia y que obtengan esta financiación por las vías que consideren oportunas: esto es usando su superávit o ahorros, el remanente o acudiendo a deuda si lo consideran necesario o no les queda más remedio.
Lores explicó que la reunión terminó con un acuerdo para realizar un nuevo llamamiento a la ministra para que abra el diálogo con estos alcaldes, pero se muestra pesimista. En cualquier caso, anunció que si no hay diálogo y acuerdo el BNG no convalidará este decreto en el Parlamento. En el documento consensuado, los alcaldes de Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza recuerdan, de hecho, que ahora mismo el Ejecutivo no contaría con mayoría parlamentaria para aprobar el citado decreto por lo que hacen un llamamiento al diálogo.
