La sesión plenaria que la Corporación local de Pontevedra celebró ayer sirvió para, entre otras cuestiones, aprobar la modificación de crédito de 3,4 millones de euros de la que saldrán los 1.250.000 euros que el gobierno local quiere destinar a las ayudas a los autonómos, pymes y micropymes de Pontevedra que se vieron afectados por la pandemia del Covid-19.

La modificación de crédito salió adelante con los votos favorables de los dos partidos que integran el gobierno local, BNG y PSOE, y el que hasta ayer era edil de Ciudadanos, Goyo Revenga, quien en todo caso instó al ejecutivo a que se realice una mayor provisión de fondos para las partidas destinadas a ayudas de emergencia social.

El PP decidió abstenerse esgrimiendo un informe de intervención que asegura que hay partidas importantes, como una de 720.000 euros para accesibilidad urbana, que no están "debidamente especificadas". Esta modificación de crédito también permitirá al Concello disponer de fondos para obras que permitirán reactivar la economía local como la reforma del parque de Bomberos así como la mejora de accesibilidad urbana en Valdecorvos, Gorgullón, o Burgo, el entorno de la avenida de Vigo, Taboada Nieto y Cobián Roffignac, entre otras.

El Pleno también aprobó por unanimidad una moción del PP, enmendada por el BNG, en la que se insta al Sergas a reponer cuanto antes el médico en Pontesampaio, al tiempo que el Concello se compromete a buscar un lugar adecuado para poder ampliar el consultorio y que las instalaciones puedan adaptarse al protocolo "Covid-19".

El acuerdo estuvo precedido de reproches entre los miembros del gobierno y del PP. Los primeros insisten en que la ausencia de médico en Pontesampaio se debe a una situación estructural que se repite en otros pequeños consultorios de la provincia por las carencias de personal médico del Sergas. De hecho, aseguran que estuvieron a disposición del Sergas para solventar estos supuestos problemas de espacio ofreciendo numerosos locales para ampliar el consultorio, sin obtener respuestas concretas por ahora. El PP replicó que lo único que hicieron fue ofrecer cualquier local menos el que el Sergas pedía: la biblioteca. El BNG respondió que sería ilegal esa cesión en concreto.