Edificios sin ascensor, inmuebles que sí están dotados de elevador pero con escasas dimensiones para maniobrar e introducir una silla de ruedas o itinerario que no está adaptado desde el portal al propio ascensor. Estas son algunas de las situaciones que provocan que en Galicia cientos de personas con discapacidad tengan limitados sus movimientos a la hora de salir a la calle, generando así su confinamiento involuntario en el domicilio.
La Asociación de personas con discapacidad de la comarca de Pontevedra Amizade espera que tras haber vivido toda la población una cuarentena debido a la pandemia del Covid-19, con las consecuentes repercusiones sociales y psicológicas, "la gente empatice un poco más con nuestro colectivo al haber experimentado lo que sienten las personas que llevan años acostumbradas a vivir confinadas debido a las barreras arquitectónicas existentes en los edificios", indica el presidente de la entidad, Paulo Fontán.
Asimismo, el responsable de Amizade espera que las administraciones competentes muestren un poco más de compromiso para con su colectivo y que "cumplan con las normas de accesibilidad aprobadas por ley, así como el desarrollo de campañas específicas de control en los inmuebles, de forma que se aseguren de que se acometen las obras necesarias para que las personas con movilidad reducida puedan entrar y salir de su vivienda sin problema", comenta Fontán.
Otro de los aspectos sobre los que hace especial hincapié el presidente de la Asociación de personas con discapacidad de la comarca es que, a la hora de construir un bloque de viviendas, "no se suele tener en cuenta la movilidad reducida y no es la primera vez que, por circunstancias de la vida, sobreviene una discapacidad y personas que llevaban 40 años viviendo en un piso deben abandonarlo porque no es compatible con su nueva realidad y porque las comunidades vecinales no aceptan ejecutar la reforma necesaria para adaptar las entradas", comenta Paulo Fontán.
En cuanto al modelo urbano de Pontevedra, el presidente de Amizade reconoce que por parte del Concello se lleva realizado "una labor importante" a este respecto, eliminando barreras arquitectónicas en la vía y en los espacios públicos, pero considera que hay algunos aspectos que la Administración local podría mejorar.
En este sentido, Fontán señala que "nos gustaría tener que insistir menos o que las cosas estuvieran tan bien hechas que no tuviéramos que demandarlas. A veces tardan en darnos respuesta a nuestras solicitudes; somos exigentes porque esa es nuestra función como asociación y nuestro deber es trasladar las problemáticas a los responsables municipales para que busquen soluciones".
Dificultades para acceder al portal y negativas a realizar obras
Algunos de los datos facilitados por la Asociación de personas con discapacidad de la comarca de Pontevedra Amizade reflejan a la perfección la realidad relatada por Paulo Fontán.
Así, el informe"La Accesibilidad de las Viviendas en España" realizado por la Fundación Mutua de Propietarios en 2018 pone de manifiesto que el 66% de los edificios de viviendas de Galicia tienen barreras ya para acceder al propio portal del inmueble, a lo que hay que sumar las barreras existentes para acceder al ascensor o las escasas dimensiones en el interior del mismo que lo hacen inaccesible, debido a las dificultades de maniobra para las personas con discapacidad que tienen que hacer uso de una silla de ruedas, por ejemplo.
Otro dato destacable que recoge este informe es que el 78% de los edificios de viviendas de la comunidad gallega no habían hecho obras de accesibilidad, impidiendo así la eliminación de barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad y provocando o bien su limitación de movimientos a la hora de salir de su domicilio o bien una mudanza a otro inmueble adaptado.
Ante esta realidad, Amizade recuerda que, según la normativa vigente, en diciembre de 2017 finalizó el plazo para que todos los edificios eliminaran las barreras arquitectónicas.
