La Xunta de Galicia ordenó ayer al Concello de Ponte Caldelas que retire los arcos desinfectantes de vehículos que instaló en los dos accesos al casco urbano del municipio al no tener autorización para ello. La Xunta da tres días de plazo al Concello para proceder a su desinstalación.
Los técnicos de la Axencia Galega de Infraestructuras consideran que estas estructuras, colocadas en dos carreteras de titularida autonómica, incumplen la ley de carreteras de Galicia y suponen un grave riesgo para la seguridad vial.
El funcionamiento de estos arcos, según los informes de la Xunta, provoca que la calzada esté "permanentemente húmeda", lo que reduce la adherencia de los vehículos, especialmente de los que tienen dos ruedas.Censuran también que se hayan colocado directamente sobre la carretera, sin protección alguna y con tirantes metálicos fijados a las aceras.
Para la Xunta, son "obstáculos peligrosos para conductores y peatones" al tiempo que recuerdan que la instalación de este tipo de infraestructuras debe contar con una autorización previa y que, al ser una carretera autonómica, debe ser el gobierno gallego a quien le corresponde permitir la ejecución de las obras o cualquier acción en ellas.
Por su parte, el Ayuntamiento de Ponte Caldelas asegura que hará "responsable" a la Xunta de Galicia de todos los casos de coronavirus que se detecten entre sus vecinos, ante la orden recibida de retirar los arcos desinfectantes instalados en las entradas al municipio. A través de un comunicado, el gobierno municipal confirma que retirará estas estructuras que rociaban líquido desinfectante sobre los vehículos que entraban en su casco urbano, pero denuncia que la Xunta "nos impide proteger a nuestros vecinos y visitantes". "Parece que en lugar de trabajar juntos por el bien común, la Xunta de Galicia se dedica a entorpecer el duro trabajo que hacemos los pequeños municipios por el bien de la salud de nuestros vecinos", señala el alcalde de este municipio pontevedrés, el socialista Andrés Díaz.
