Hace poco más de un año la Abogacía del Estado desistió de la defensa de la prórroga a Ence, en el marco de los tres procedimientos abiertos contra la prórroga de la concesión, ya que considera que esta decisión del Gobierno en funciones del PP en enero de 2016 no fue "conforme a derecho".
En su argumentación se basaba, entre otros antecedentes, en un dictamen del Consejo de Estado que fija que "el plazo máximo" de una concesión es de 75 años, sin que se "pueda sobrepasar" ese límite.
En todo caso la Audiencia Nacional permitió a Ence y a su plantilla defender su prórroga pese al allanamiento del Estado y decidió continuar un proceso en el que la empresa tiene una posición "menos sólida" al carecer del apoyo de la Administración.
En 1958 se estableció una concesión de 75 años que caduca en 2033 para la pastera, por ello el Gobierno central entendió que la prórroga otorgada en 2016 por 60 años (a contar desde la fecha de solicitud en 2013, hasta 2073) "no sería conforme a derecho".
Los próximos meses serán decisivos para el futuro de Ence en la ría de Pontevedra, ya que la empresa de energía y celulosa cree que en la segunda mitad de este año se resolverán los tres recursos pendientes sobre la legalidad de la prórroga de la concesión otorgada en 2016.
