El primer pleno telemático celebrando en Poio desde el comienzo del estado de alarma, que fue de carácter extraordinario y que tuvo lugar ayer, sirvió para agilizar la tramitación de expedientes, posibilitada por la nueva normativa legal y tras el levantamiento de la suspensión de sesiones de órganos colegiados decretada al inicio del confinamiento. Uno de los puntos abordados fue la aprobación del nuevo Plan Económico Financiero 2020-2021, que contó con los votos favorables de todos los grupos de la Corporación municipal.
Este documento fue consensuado entre el departamento de Intervención de la Dirección Xeral de Política Financieira de la Xunta. El gobierno local garantiza que su cumplimiento no repercutirá en la calidad de vida de los vecinos, ya que el Concello disfruta en la actualidad de una situación económica lo suficientemente buena como para asumir la reducción de 600.000 euros en inversiones que se contempla. El concejal de Facenda, Xulio Barreiro, explicó durante el debate plenario que esta situación es fruto de la situación que provoca la actual regla de gasto. "Se invirtieron 2,4 millones de euros en diferentes iniciativas y recursos, además de obtener un préstamo de 650.000 euros para mejorar la calidad de vida de la población. La contrapartida es que ahora tenemos que reducir los costes en esos 600.000 euros. Es la contrapartida que provoca una regla de gasto que es injusta, porque, si el crecimiento económico es superior al 2,7% anual, como sucede en Poio, es muy difícil de cumplir. Nosotros consideramos que es mucho mejor invertir en favor de la ciudadanía que tener el dinero en el banco o usar el Remanente de Tesorería exclusivamente en la amortización de deuda, cuando la tenemos perfectamente estructurada", explicó el edil, que recuerda que actualmente esta deuda asciende a 5,5 millones de euros, reduciéndose en 4,5 millones con respeto al año 2009.
El gobierno local deja claro que la situación económica "está muy controlada", por lo que no se esperan problemas ni a corto ni a medio plazo. Este es un hecho en el que hicieron hincapié los portavoces de los tres grupos que forman el tripartito (BNG, PSOE y Avance Poio), que fueron "tajantes" al negar que la aprobación de este plan suponga una intervención por parte del Estado o se contemple la fusión con otros ayuntamientos, como deslizó la oposición hace unos días. En este sentido, fue el concejal de Urbanismo, Gregorio Agís, el que apuntó que en el informe se recuerdan cuáles son las opciones que contempla la ley para las situaciones más extremas, como también son la suspensión de competencias o de entidades menores.
