El grupo Ence Celulosa y Energía cree que la primera sentencia de la Audiencia Nacional a raíz de los recursos por la continuidad de su planta de celulosa en la ría de Pontevedra se podría retrasar por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus y que también están afectando al ámbito judicial. La empresa esperaba una resolución para la primera mitad de este año.
Así lo indica la propia compañía en una presentación que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras presentar ayer sus resultados del primer trimestre de 2019, periodo en el que perdió 11,8 millones de euros.
El futuro de la fábrica de Pontevedra está en cuestión desde el pasado año al allanarse la Abogacía del Estado en el recurso presentado por el Concello de Pontevedra y dos asociaciones ecologistas (APDR y Greenpece) contra la continuidad de la fábrica de Lourizán en su actual ubicación en terrenos de dominio público marítimo terrestre. Es decir, que la administración se suma a las tesis de los recurrentes y desiste de defender la prórroga concedida a Ence en 2016 por el anterior gobierno de Mariajo Rajoy para que pudiera continuar activa durante 60 años más.
En enero de 2016 la Dirección general de Costas concedió la extensión de la concesión de Pontevedra hasta 2073, pero el Ayuntamiento de Pontevedra y las dos organizaciones ecologistas recurrieron la prórroga de la concesión ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.
En marzo de 2019, ya con un nuevo Ejecutivo socialista liderado por Pedro Sánchez tras la moción de censura de 2018, Costas presentó escrito de allanamiento (aceptación pretensiones de los demandantes) en los tres procesos judiciales, a pesar, según defiende la compañía, de que ese organismo hubiera mantenido con anterioridad a lo largo de esos procesos que la prórroga de la concesión de 20 de enero de 2016 estaba perfectamente ajustada a derecho.
La Audiencia Nacional dictó resolución judicial un mes más tarde dando a Ence plazo para formalizar sus contestaciones a las demandas interpuestas y ahora el proceso judicial se encuentra en su última fase.
Pero la pandemia del coronavirus podría retrasar esta primera sentencia dentro de un proceso judicial que se podría prolongar hasta cuatro años, según Ence, incluyendo los recursos que se formulen "ante las más altas instancias judiciales".
Las inversiones realizadas o comprometidas desde la prórroga de la concesión en el periodo 2016-2019 ascienden a cerca de 130 millones de euros, según Ence.
En el caso de que se produjese el cese da actividad, algo que la empresa dice que es "improbable", habría una salida de caja de 74 millones de euros (43 millones por desmantelamiento de la fábrica, 15 millones por el coste del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción total y 16 millones por cancelación de contratos existentes).
Ante la incertidumbre, Ence decidió destinar la inversión de 250 millones inicialmente prevista para ampliar la capacidad de la fábrica de Pontevedra a la de Navia, en Asturias.
