Son muchos los profesionales que se están viendo afectados por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y también por su vertiente económica. A los abogados les afectan ambas. Y es que como uno de los servicios esenciales deben mantener la prestación de su servicio especialmente relevante es el del turno de oficio con la asistencia a detenidos y víctimas durante el estado de alarma.
Conscientes de "las graves consecuencias que está generando en el colectivo de la abogacía", el Colegio de Abogados de Pontevedra ha venido realizando gestiones en ambos sentidos. Tanto para garantizar que se pudiera dotar a los letrados de "medidas de protección individual" para poder seguir realizando sus funciones en el turno de oficio en las actuaciones consideradas urgentes, como para atender cualquier situación de dificultad por la actual coyuntura económica entre sus colegiados.
Mascarillas y guantes
El Colegio pontevedrés, según explica su decano, Ramón Jáudenes, ha logrado que esté próximo a llegar a la provincia "un envío de mascarillas y guantes". "No fue fácil de conseguir", subraya el decano, pero explica que finalmente se ha logrado a través del Consejo General de la Abogacía Española. La intención es hacerlas llegar, de forma prioritaria, a los letrados del turno de oficio.
Jáudenes también subraya que "hemos conseguido con el decidido apoyo de la decana de Jueces de Pontevedra, que las asistencias a practicar en dependencias judiciales pueda ser realizada por todos los abogados desde sus viviendas o despachos por videoconferencia, evitando, por un lado, el contacto personal, y por otro facilitado cumplir con las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno".
Ahora, señala el decano de los abogados pontevedreses, "estamos en trámites para poder hacer los mismo, es decir asistencia telemática a detenidos, en las dependencias policiales, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional".
En cuanto al aspecto económico, Ramón Jáudenes subraya que "además del parón económico, el cese total de la actividad administrativa y judicial está ocasionando unos gravísimos perjuicios a todo el colectivo, que ha visto paralizada la posibilidad de tener ingresos, pero que tiene que seguir haciendo frente a sus obligaciones de pago, que no son pocas (empleados, etc...)" indica. "Piense no solo en el gran peso del sector servicios en Pontevedra, además del propio peso respecto del PIB del sector de los autónomos a nivel estatal", recuerda el decano de los abogados.
Jáudenes recuerda que "los abogados vivimos de vender consejos jurídicos y defender a los ciudadanos ante los tribunales y las actuaciones declaradas urgentes por el estado de alarma", que son las que se están realizando en la actualidad, "no representan ni el 1% de nuestra actividad". "Nuestros despachos están absolutamente parados, no así los gastos de mantenimiento ni, lógicamente, los personales".
"Situación de desamparo"
Añade que, "nuestro sistema de pensiones, es alternativo al RETA, por lo que no tenemos la consideración técnica de autónomos, y por consiguiente no hemos obtenido de momento el paraguas protector del Gobierno". "Y digo de momento -añade- porque la abogacía está haciendo todo lo posible para que se reconozca, como cualquier otro sector de la actividad económica de nuestro país, la situación de claro desamparo y se legisle al efecto", indica el decano.
Pero es que, además, el caso es más grave aún en Galicia en donde la abogacía estaba ahora recuperando la plena normalidad de la actividad judicial tras la dura huelga de funcionarios de la administración de Justicia de 2018.
A Jáudenes y a todos los letrados también le preocupa, "y ya estamos trabajando en ello con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial", en cómo se diseñará "la reactivación de la actividad jurisdiccional cuando acabe esta grave situación de pandemia".
