Desesperada después de cuatro años peleándose contra la burocracia, recibiendo unos recibos del agua de un local que no es suyo y sufriendo varios embargos por el camino, el último esta misma semana. Así está una pensionista de Poio, que no encuentra solución a un problema que le ha llevado a pedir ayuda a sus allegados para poder comer ella y su familia.

La historia comienza en el año 2001, cuando la hija de esta mujer de 76 años alquiló un local en Poio. Solo un año después, en 2002, cesó su actividad y canceló el contrato con el propietario del bajo y poco después emprendió una nueva vida en Palma de Mallorca. Todo fue normal hasta que entre 2012 y 2013 a su madre le empezaron a llegar los recibos del agua de ese local que su hija ya no regentaba desde hacía más de diez años.

Esta pensionista fue lidiando como pudo con el problema. La situación se recrudeció en los últimos cuatro años, cuando empezaron los embargos en su cuenta por no pagar esos recibos. La mujer fue reclamando y consiguiendo que le levantaran los embargos, pero el pasado mes de agosto de 2019 se le acabó el plazo para reclamar al celebrarse un juicio al que no asistió por desconocimiento.

En todos estos años, esta vecina de Poio ha buscado soluciones de todo tipo, entre ellas contactar con el dueño del local, que es el mismo que se lo alquiló a su hija en 2001. Lo hizo por carta y por teléfono, pero la respuesta siempre fue negativa o, en el mejor de los casos, el silencio.

En total, los recibos acumulados del agua de ese bajo ascienden a alrededor de 700 euros, una cantidad que esta mujer considera que no le corresponde hacer frente, pero precisamente por ello ha visto embargadas sus cuentas en la actualidad, con el perjuicio que supone tanto para ella como para toda su familia.

"No puedo permitirme un abogado para reclamar todo lo que me han embargado en los últimos años", lamenta esta pensionista, que ha pedido ayuda en el Concello de Poio, en Consumo y en la oficina del ORAL sin resultado. "Fuimos a no sé cuántos sitios ya porque esa deuda no es nuestra, esto es un abuso, es horrible las injusticias que se cometen", señala.

En el Concello le piden un pepel conforme se dio de baja la actividad de su hija en 2002, pero, tal y como apunta, "han pasado 18 años, no sé dónde puede estar". Al carecer de ese documento, que se arregle esta situación dependerá del propietario del local, por eso pide que la administración municipal intervenga para ayudarla a solucionar este problema que tantos quebraderos de cabeza le está costando desde hace cuatro años.