Penas de seis años y medio de cárcel y una multa de 2.237.954 euros para un comercial jubilado y su hija envueltos en la trama delictiva que simulaba el avituallamiento de tabaco para buques en el puerto de Marín. A estas condenas se suman las de los dos guardias civiles implicados, a los que se ha impuesto cinco años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público. Es la sentencia que ha dado a conocer hoy la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
El tribunal considera que los cuatro encausados "idearon un plan para disponer de tabaco que poner en circulación sin satisfacer ninguna clase de aranceles ni impuestos, consistente en fingir inexistentes operaciones de avituallamiento en las que hacían figurar como destinatarios de la mercancía buques que no lo eran en realidad y que, en muchos casos, estaban lejos de Marín o ya habían sido desguazados en fecha anterior a la supuesta entrega del tabaco".
La Audencia considera que el comercial y su hija, que trabajaron en empresas dedicadas al suministro de mercancía libre de impuestos a buques cometieron un delito continuado de falsedad en documento oficial, en relación de concurso medial con un delito continuado de contrabando de tabaco en la modalidad agravada. A los guardias civiles les atribuye un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, en relación de concurso medial con un delito continuado de contrabando.
La presunta trama delictiva consistía en simular el avituallamiento a buques de cartones de tabaco exentos de aranceles e impuestos. Pero en realidad los cigarrillos nunca habrían llegado a manos de los tripulantes de esos barcos. Supuestamente, el plan se orquestó para vender dicho material "fuera de los circuitos legales", generándose un fraude tributario y aduanero que se cifró en 1,7 millones de euros.
El fiscal relata que hasta 21 embarcaciones que figuraron como receptoras de, en total, casi 52.000 cartones entre 2010 y 2013 en el puerto de Marín o ya habían sido desguazadas antes de las fechas de las supuestas entregas o estaban fuera de Galicia o, simplemente, sus armadores negaron haber encargado dicha mercancía.
Este caso llegó en enero a juicio en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. En el banquillo se sentaron tres guardias civiles - uno de ellos fue absuelto- que al tiempo de los hechos estaban destinados en las instalaciones portuarias marinenses, así como un exresponsable y dos exempleados - otro resultó libre de condena- de sendas empresas de suministro a buques que eran titulares de depósitos fiscales en la Zona Franca de Vigo.
