El gobierno de Telmo Martín pone en marcha una nueva ordenanza de venta ambulante. La que estaba vigente hasta ahora se aprobó en 1999. Después de tanto tiempo, el Concello entiende que tocaba ya actualizar la regulación de esta actividad que cuenta con un gran arraigo social y, además, en este tiempo la legislación europea, nacional y autonómica ha cambiado radicalmente.
El primer paso que ha dado Marcos Guisasola, concejal de Comercio y Actividad Económica, ha sido abrir un plazo de 15 días para la presentación de sugerencias que ya ha concluido. Ahora la ordenanza se va a subir a la plataforma del Concello durante un mes para la presentación de alegaciones y su posterior estudio. Luego irá a la comisión y finalmente al Pleno para su aprobación.
La nueva ordenanza persigue un doble objetivo. Por un lado, regular la actividad comercial ante la "notable indisciplina" de algunos vendedores en la gestión de sus residuos y otras cuestiones y para ello la ordenanza contempla un régimen sancionador. Y, por otro lado, se persigue proteger los derechos de los consumidores y garantizar la calidad y la legalidad de los productos que se vendan en los mercadillos.
La Junta Local de Gobierno es el órgano competente para autorizar la creación de nuevos mercados periódicos u ocasionales, el número de emplazamientos y las características de los puestos, así como los horarios, los productos que se pueden comercializar y la vigencia de las autorizaciones.
Las autorizaciones tendrán una vigencia de un año y su renovación hay que hacerla entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Los requisitos para obtenerla son: ser persona física o jurídica mayor de edad; estar dado de alta en la Seguridad Social y estar al corriente de pago; así como estar dado de alta en el epígrafe del IAE. También deberá tener la póliza de responsabilidad civil por un importe de 150.000 euros, y en el caso de la venta de alimentos contar con el carnet de manipulador.
La ordenanza contempla un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves. Las sanciones en caso de falta leve van desde el apercibimiento hasta la multa de 750 euros. Las graves de 750 a 1500 y la posibilidad de suspensión de la autorización entre 15 y 30 días hábiles. Las faltas muy graves se sancionan entre 1.500 a 3.000 euros y conlleva la suspensión de la autorización.
Terrrazas
Además, el gobierno recuerda a los propietarios de terrazas que el 17 de febrero entró en vigor la nueva ordenanza que regula la instalación de terrazas.
En consecuencia, tienen que solicitar en Urbanismo la nueva autorización en base a esta nueva ordenanza.
