El Concello de Marín y la Autoridad Portuaria no eran las únicas administraciones representadas en este proceso judicial. También lo estaba la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra. No en vano, en la sentencia dictada por el Supremo en 2009 y que ahora se da por ejecutada se establecía que estas dos administraciones deberían asumir el coste de la ejecución del fallo junto con la Autoridad Portuaria. De hecho, se repartían estos costes (que serían millonarios en el caso de tener que acometerse la demolición y retirada de los rellenos) en un 50% para la Autoridad Portuaria, un 30% la Xunta y un 20% la Diputación.
Los letrados de estas dos administraciones también defendían en el proceso judicial que los rellenos eran completamente legales y se muestran a favor en el proceso de que, tal y como señala el perito judicial, la sentencia de 2009 se dé por ejecutada sin necesidad de demoler ningún relleno.
